Joshua Holt, quien estuvo privado de libertad en Venezuela durante casi dos años, ha presentado una demanda contra Nicolás Maduro por liderar una «organización criminal» que secuestra, tortura y encarcela injustamente a ciudadanos estadounidenses.
Según la información publicada por la agencia de noticias The Associated Press, firmada por el periodista Joshua Goodman, esta demanda, presentada en el tribunal federal de Miami, es solo la última de una serie de demandas contra el régimen venezolano por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Holt, quien viajó a Venezuela en 2016 para casarse con una compañera mormona, relató en la demanda cómo él y su esposa fueron arrestados durante una redada.
Josh Anthony Holt y su esposa ecuatoriana nacionalizada venezolana, Thamara Belén Caleño, estuvieron presos en la sede del Sebin en El Helicoide. Fueron acusados de ser «terroristas de la CIA» y sometidos a condiciones inhumanas mientras estuvieron detenidos, incluyendo simulacros de ejecución y falta de atención médica adecuada.
Después de negociaciones lideradas por un miembro del personal del senador Bob Corker, Holt fue finalmente liberado en 2018. Sin embargo, la demanda alega que tanto él como su familia continúan sufriendo traumas, incluyendo trastornos de ansiedad y depresión.
Es importante destacar que la madre de Joshua, Laurie Holt, falleció en 2019 debido a una enfermedad cardíaca que la familia atribuye al estrés causado por el encarcelamiento prolongado de su hijo.
La demanda busca obtener compensación por los daños sufridos en virtud de la Ley Antiterrorista, la cual permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los activos de sus victimarios.
Otros ciudadanos estadounidenses que han sido encarcelados en Venezuela han obtenido sentencias favorables contra Maduro y su círculo íntimo por motivos similares, incluyendo acusaciones de controlar el Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico.
Sin embargo, a pesar de estas sentencias favorables, la recuperación de compensaciones se vuelve un desafío debido a la falta de propiedades o cuentas bancarias a nombre de Maduro o sus colaboradores cercanos en Estados Unidos. Se sospecha que gran parte de la riqueza acumulada por los funcionarios venezolanos está en manos de testaferros cuyos activos son difíciles de rastrear y confiscar.