Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), ha expresado su preocupación por la regulación excesiva de los servicios de delivery, señalando que esto está obstaculizando el crecimiento del sector.
En una entrevista para el sitio web especializado en economía, Banca y Negocios, Ujueta destacó que la normativa no está promoviendo el crecimiento, sino que está generando obstáculos y corrupción.
Según Ujueta, es necesario que el Instituto Telegráfico de Venezuela (Ipostel), el organismo encargado de registrar las empresas de delivery, aclare los requisitos necesarios para obtener la habilitación. Si bien reconoce la importancia de garantizar la seguridad de los datos, considera que no es necesario registrarse ni obtener una licencia especial para ofrecer este tipo de servicios.
«Desde el sector no estamos en contra de la normativa, sino de la forma en que se está implementando», expresó Ujueta.
Recientemente, el gobierno de Nicolás Maduro ha promulgado una nueva providencia que regula el servicio de delivery y establece un impuesto del 1% sobre todas las entregas realizadas a través de aplicaciones digitales. Esta modalidad de comercio ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cinco años en el país.
La normativa, publicada en la Gaceta Oficial, establece un registro obligatorio gestionado por Ipostel, en el cual las empresas deben pagar una tarifa de $300 para obtener una licencia que les permita realizar entregas a domicilio. Además, se establece un pago anual de $240 por el mantenimiento del permiso, así como un sistema de sanciones que incluye multas de hasta $6,000 para los operadores que no cumplan con los lineamientos establecidos.
Según la providencia, las empresas deben reflejar en la factura electrónica o física el cobro del importe del Franqueo Postal Obligatorio, equivalente al 1%, el cual será retenido y entregado por el operador postal privado a favor de Ipostel.