Tres reconocidos abogados internacionalistas, María Alejandra Aristeguieta, William Cárdenas Rubio y Blas Imbroda, han expresado su esperanza de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro en un futuro cercano.
Estos abogados compartieron sus análisis jurídicos durante un foro organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), dirigido por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien es el coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado.
El objetivo del foro fue discutir la investigación llevada a cabo por el Tribunal Mundial sobre Maduro y altos funcionarios de su gobierno en el ámbito militar, policial y en los poderes públicos, como el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Estos abogados esperan que la CPI emita una orden de arresto contra Maduro basándose en el revés que el mandatario sufrió recientemente, cuando la Corte Internacional desestimó un recurso de apelación que buscaba detener el avance de las investigaciones.
El gobierno intentó esta maniobra hace un año, pero fue rechazada por unanimidad el pasado 1 de marzo por la cámara de apelaciones, lo que permitió al fiscal británico Karim Khan continuar con el proceso de investigación.
Khan inició las investigaciones contra Maduro en noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en 2017 durante las protestas de la oposición contra su gobierno. La investigación abarca casos de persecución política, encarcelamiento, tortura y violación sexual por parte de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios de Maduro.
María Alejandra Aristeguieta, abogada internacionalista y exembajadora de Venezuela ante la ONU, comentó que Maduro continúa desafiando y cuestionando constantemente los informes de la CPI. Como ejemplo de esto, mencionó la expulsión de funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, la detención de la activista Rocío San Miguel y el asesinato en Chile del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
«Es alarmante cómo Maduro continúa desafiando a la Corte Penal», expresó Aristeguieta durante el foro de OGAL, que se transmitió a través de Zoom.
Por su parte, William Cárdenas Rubio, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad, destacó que el proceso contra Maduro se inició en 2003 con una denuncia ante la Audiencia Nacional Española por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002. Cárdenas también señaló que seis estados miembros del Estatuto de Roma apoyan la investigación llevada a cabo por el fiscal Kan, entre ellos Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes han solicitado que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.
«Estamos en un momento crucial; lo que ocurrió el 1 de marzo marca el camino hacia la justicia universal y pronto habrá noticias sobre órdenes de arresto», dijo Cárdenas.
Blas Imbroda, abogado integrante ante la CPI, comentó que la Sala de Apelaciones del tribunal mundial ha rechazado las estrategias de Venezuela porque considera que sus argumentos son falsos.
«En Venezuela no hay un estado de derecho; los jueces no son independientes y los responsables de los crímenes de lesa humanidad son los altos funcionarios del poder público que no permitirán ninguna investigación», afirmó Cárdenas.
En conclusión, estos abogados especializados en derecho internacional esperan que la CPI emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro en base a las investigaciones en curso y a los obstáculos legales que el mandatario ha intentado imponer. Consideran que este sería un paso importante hacia la justicia universal y el fin de la impunidad en Venezuela.