Un grupo de activistas venezolanos se presentó ante los tribunales de Buenos Aires, Argentina, para evitar el cierre de una investigación sobre los crímenes cometidos en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos decidió enviar el expediente a la Corte Penal Internacional (CPI), donde ya se está llevando a cabo una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, un grupo de ciudadanos venezolanos apeló la decisión y está buscando que la Cámara Federal revoque la resolución del juez Ramos. La causa está ahora en manos de los jueces de la Sala I de dicho tribunal.
En julio pasado, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación para determinar posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela, después de una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney. El fiscal solicitó informes a jueces y fiscales venezolanos, así como al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La denuncia resaltó la necesidad de que Argentina investigue las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Esta investigación se basaría en el principio de jurisdicción universal, que permitiría presentar evidencias sobre la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en crímenes de lesa humanidad contra miembros de la oposición. Esta causa se suma a otras investigaciones existentes, incluyendo una denuncia similar presentada ante la CPI en 2018 por presidentes de cinco países, entre ellos el de Argentina, Mauricio Macri.
Sin embargo, un grupo de víctimas ha presentado una apelación argumentando que la causa en la CPI no necesariamente coincide con la denuncia original en curso. Se menciona que la actuación del fiscal Pollicita se vio superada por un nuevo requerimiento presentado por el fiscal Stornelli, que incluye casos como la desaparición de la activista Rocío San Miguel, que probablemente no están siendo investigados por la CPI.
Los representantes de las víctimas sostienen que la presentación del caso a la CPI no implica el cierre de la causa local, ya que el análisis de la coincidencia de casos corresponde a la CPI según el principio de complementariedad. Se destaca que la gravedad de los hechos y la violación de normas fundamentales permiten que los crímenes sean juzgados en el país. Además, se menciona el principio de Jurisdicción Universal, que permite a un estado enjuiciar ciertos crímenes sin importar la ubicación o nacionalidad de los involucrados. Como ejemplo de aplicación de este principio, se menciona el caso de los crímenes de Myanmar, que fue abierto por la Sala I de la Cámara Federal.