Desde manifestaciones diarias en Buenos Aires hasta una huelga de hambre en Madrid, los venezolanos en el extranjero están denunciando que sus consulados están obstaculizando su registro para votar en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, en las que Nicolás Maduro se juega su continuidad.
Los funcionarios diplomáticos les explican a los manifestantes que no han recibido las máquinas para captar huellas dactilares o simplemente los ignoran. Esta situación se repite en los consulados de América Latina y Europa, donde los electores y activistas denuncian maniobras para impedir el voto de unas 5,2 millones de personas, muchas de las cuales son opositoras.
Jesús Delgado, de la ONG Transparencia Electoral, que vigila los procesos electorales en América Latina, considera que estos obstáculos son «sistemáticos y responden a que el Consejo Nacional Electoral no ha enviado ninguna directriz» a los consulados.
Las autoridades en Venezuela atribuyen los retrasos y dificultades para enviar las máquinas a las sanciones internacionales, según informa la prensa.
La ONU estima que casi ocho millones de venezolanos han emigrado de su país desde 2014. La mayoría huye de una crisis sin precedentes, con una caída del 80% del PIB, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y una inmensa crispación política. El rechazo al gobierno de Maduro es amplio fuera de Venezuela.
Unos 5,2 millones de venezolanos deben actualizar su registro en el extranjero o inscribirse para votar por primera vez, según la ONG Súmate. Sin embargo, el padrón electoral fue actualizado por última vez en 2018 y solo tiene registrados a 107.000 venezolanos en todo el mundo. De ellos, unos 40.000 están inscritos en Estados Unidos, donde no podrán votar esta vez debido a la ruptura de relaciones diplomáticas desde 2019.
La elección enfrenta en principio a Maduro, quien busca un tercer mandato de seis años, con Manuel Rosales, un rival de Hugo Chávez en 2006. También se ha registrado in extremis el exembajador Edmundo González Urrutia, considerado un «candidato tapa» que podría ser sustituido por otra persona que promueva a la líder María Corina Machado, quien está impedida de participar en las elecciones debido a una inhabilitación de 15 años.
El período de inscripción para los votantes va del 18 de marzo al 16 de abril. En Colombia, que alberga a la mayor cantidad de venezolanos (2,8 millones, de los cuales se estima que 1,2 millones son aptos para votar), el registro se abrió con varios días de retraso, recién este martes. Sin embargo, los activistas temen que el consulado no considere como residencia legal el Estatuto Temporal de Protección, que el gobierno colombiano otorgó a miles de venezolanos para que pudieran trabajar y acceder a la salud.
«Esto genera mucha preocupación», comentó el dirigente opositor Eduardo Battistini, ya que impide el registro del 80% al 90% de la población potencialmente votante. «Más allá de ser una violación flagrante de nuestro derecho a inscribirnos en el extranjero, son excusas un poco ridículas».
Aunque en la comunidad venezolana en Bogotá también hay decepción y cierta indiferencia hacia los comicios. «La verdad, no pienso votar. Estoy muy decepcionada de la política, en los últimos diez años siento tanta decepción que no la sigo», dijo Carolina Peña, una productora de moda de 37 años que votó por última vez en 2013, cuando Maduro sucedió al presidente Hugo Chávez.
En cambio, en Buenos Aires ha habido protestas casi diarias frente a la embajada. El lunes, una treintena de manifestantes simularon el voto en una urna electoral. «El voto en el exterior es un derecho», se lee en una de las pancartas. «Cada consulado tiene sus requisitos y los comunican de forma verbal. No hay nada oficial. En algunos piden residencia permanente, en otros pasaporte vigente. No hay un criterio uniforme», lamentó Adriana Flores, a las afueras del consulado en Buenos Aires.
En Argentina hay unos 220.000 venezolanos, de los cuales cerca de 150.000 cumplen con los requisitos para votar. Sin embargo, solo 2.200 están en el registro electoral, según cálculos de activistas.
Mientras tanto, en Madrid, Lorena Lima, de 28 años de edad, llevó a cabo una huelga de hambre desde el viernes hasta el martes para exigir que se abriera el registro. «Fue un método de presión para que todos los venezolanos en el mundo podamos inscribirnos», afirmó, sentada en la acera, un día antes de levantar la protesta.
En Quito, Luis Magallanes siguió su ejemplo y también realizó una huelga de hambre «para que se nos permita ejercer nuestro derecho legítimo de inscribirnos y actualizar nuestros datos en el registro electoral», dijo.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han respondido a las solicitudes de comentarios de la Afp.