La ciencia jurídica como instrumento de ordenación de la vida social es tan antigua como el hombre. Su evolución a lo largo de la historia de la civilización ha creado principios inconmovibles, lógicos y universales.
Ahora resulta que esos principios son transformados por los señores del socialismo del siglo XXI. Después de haber sido capturados infraganti, violando eso que Pepe Mujica llama “normas elementales de la democracia”, lanzan una campaña a través de sus voceros para hacerle creer a propios y extraños que su actuación está ajustada a la legalidad. Para ello hacen afirmaciones y formulan conclusiones absolutamente insostenibles a la luz de la más elemental lógica y comprensión del derecho y de la razón.
Por eso la cúpula roja ha recibido el rechazo de todos les sectores democráticos del país y del mundo.
No hay forma de sostener que la vigencia o funcionamiento de una organización con fines políticos, vale decir un partido político, en estos tiempos de revolución, esté ajustada a normas jurídicas. Aquí se habilita o autoriza un partido según la orden emanada del centro de poder. Los partidos de reconocida vigencia en el país están intervenidos judicialmente. Sus directivos han sido designados por instrucciones de la cúpula roja. Quienes somos miembros de esas organizaciones nada podemos hacer para ejercer nuestro derecho a participar en sus decisiones. Todas se ejecutan a partir de las instrucciones emitidas del centro de poder. Hemos llegado a un punto en el cual se crean o se cierran partidos por una simple orden emanada de ese centro. Partidos sin militantes, que no presentan ni una firma buena o falsa, simplemente se les da nacimiento electrónico, ya ni siquiera se molestan en producir un acto administrativo. Hay otros que han sido eliminados habiendo participado en elecciones y obtenido los porcentajes establecidos en la ley para mantener su existencia. Aparecen y desaparecen en el sistema de forma arbitraria.
De modo que al clausurar o autorizar un partido ya la cúpula roja cierra o abre la puerta a las candidaturas que busca bloquear o las que busca impulsar en su perversa táctica de dividir y confundir.
Pero la arbitrariedad llega a tal nivel que han establecido un sistema automatizado de postulaciones controlado de tal forma, que aún organizaciones con fines políticos admitidas como legales, buscan acceder para hacer la respectiva postulación y no se le permite hasta que no informen vía telefónica o de mensajería al centro de poder, a qué persona postularán. Solo pueden hacerlo si el interlocutor del poder autoriza ese nombre o si el autorizado para postular admite la orden que se le da. De modo que todo el ordenamiento jurídico existente se convierte en letra muerta y solo prevalece el arbitrario criterio de quien autoriza o no, mover el botón de acceso a ese sistema automatizado.
La Ley de Procesos Electorales Vigente establece, además, la posibilidad de sustituir candidatos hasta 10 días antes de las elecciones (artículo 63 LOPE). El texto en referencia dice claramente que puede inscribirse a otra persona distinta, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución (art.227), pero los juristas de la revolución interpretan todo lo contrario. Dicen que debe sustituirse por uno ya inscrito y admitido. Todo con la pérfida intención de impedir que ciudadanos no tolerados por la camarilla puedan ser presentados.
Con la revolución todo ha involucionado. El derecho revolucionario ya no es la ciencia jurídica fundada en los principios petros forjados a lo largo de la civilización. Convirtieron el derecho en brutal arbitrariedad. Ya no guardan ninguna forma, ni se afanan por disimular; hasta el punto de que sus propios aliados, como el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, les recriminara públicamente el inmoral comportamiento en el trámite del proceso electoral.
El derecho revolucionario ha devenido en una arena movediza donde no existe certeza, ni seguridad para los ciudadanos. Solo aplica el capricho de los señores de la cúpula del poder. Se trata de un sistema donde las normas existen para someter al ciudadano, pero jamás para obligar a los funcionarios del Estado a respetar los derechos de la ciudadanía. Cuando aplican su particular interpretación de las normas, o simplemente cuando hacen valer sus arbitrariedades no existe otro poder que le ponga reparo. Llegan a tal nivel de soberbia que no responden las peticiones y reclamos de los administrados, violando el artículo 51 de la Constitución. Tampoco se logra un juez que proteja sus derechos, ni un ministerio público que investigue y judicialice al funcionario transgresor de la ley.
La cúpula del poder ha lanzado a sus voceros a tratar de convencer a la nación y al mundo de su derecho revolucionario, pero es tan burdo el proceso adelantado que a nadie logran convencer. El derecho es lógica, aprendí en mis primeros estudios de la carrera de abogado, y lo que menos lógica y ética tiene, en estos tiempos de nuestra vida política, es el abusivo manejo que adelanta la camarilla roja en la tramitación de la elección presidencial.
A pesar de lo bizarro de ese proceso, nosotros, los demócratas venezolanos, continuamos luchando para lograr rescatar la constitucionalidad y la legalidad extraviada.