El cinismo de la camarilla roja no tiene límites. Cada día dan una muestra más explícita de su comportamiento fascistoide y de su naturaleza violenta.
La propuesta de una supuesta “ley antifascista” constituye la expresión de su naturaleza autoritaria y el mejor reflejo de una política destinada a establecer un sistema político anacrónico, perverso y contrario a la vida civilizada.
La mejor vacuna contra el fascismo y contra todo tipo de autoritarismo lo constituye una democracia construida con cimientos culturales, institucionales y normativos sólidos, que no permitan a una camarilla, como la aquí establecida, hacerse del poder de forma indefinida.
Esas camarillas dejan de ser gobierno para convertirse en mafias dispuestas a matar y a corromper todo lo necesario a los fines de perpetuarse en el poder, y así garantizarse la impunidad y los privilegios que el poder y el dinero, mal habido, les proporciona.
La semana anterior se conocieron dos eventos que lo revelan de forma incontrovertible. Por una parte, la decisión de llevar a prisión y a juicio a uno de los personajes que se había erigido en uno de los pro hombres de la revolución bolivariana. Me refiero al caso de Tareck ek Aissami. Y por otra, la declaración de la Fiscalía chilena según la cual el crimen cometido contra el militar venezolano Ronald Ojeda fue un asesinato planeado desde Venezuela (https:/amp.noticiasrcn.com/internacional/el-asesinato-del-teniente-r-ronald-ojeda-habria-sido-planificado-desde-venezuela-469916).
Si en Venezuela hubiésemos tenido una democracia que garantizara la alternancia en el poder, no se hubiese llegado al nivel de sometimiento y degradación de los demás poderes públicos, hasta el punto de permitir que casos como estos se produjeran.
Los escándalos en Pdvsa comenzaron desde el mismo momento en que Chávez se instaló en Miraflores. Se hicieron denuncias de lo que se podía apreciar a simple vista. Jamás se quiso investigar ninguna de ellas. Se fue desviando el objetivo central de la empresa petrolera hasta convertirla en una compañía todera donde se perdió la disciplina, el profesionalismo y la legalidad.
Con la entronización de los mismos personajes en el poder se formaron las mafias. Ahí entró el pillaje más burdo y voluminoso de nuestra historia. De modo que los hechos ejecutados por la camarilla de El Aissami son apenas una parte de todo el gran desfalco cometido en estos años contra las finanzas públicas, sin que nunca les haya importado poner orden, sanear y castigar a los funcionarios corrompidos.
Lo del militar asesinado en Chile promete ser otra muestra de los niveles de degradación a que se ha llegado en el aparato político y de seguridad del régimen. Su combinación con bandas criminales no es una novedad. Los hechos son abundantes, desde los grupos motorizados con la participación de personas vinculadas al delito, el manejo de las cárceles y el santuario ofrecido a organizaciones terroristas reconocidas hasta la utilización de escuadrones de la muerte para aplicar razias humanas en las comunidades donde los grupos armados se apartaron de las órdenes superiores. Todo ello evidencia una desviación brutal del estado y de una parte significativa de sus funcionarios.
De ahí que antes que una ley, o una reforma constitucional para establecer la prisión perpetua a personas incursas en este tipo de delitos, lo que necesitamos es un estado democrático que garantice la alternabilidad en el poder, la separación y equilibrio de los poderes públicos.
Eso solo es posible si ponemos fin a la reelección indefinida del presidente de la República, y si logramos un equilibrio de poderes con normas más sólidas, más precisas que impidan a cualquier aspirante a presidente vitalicio llegar a los niveles que hemos estado presenciando en estos tiempos.
Por fortuna, la sociedad venezolana ha internalizado lo grave de la perversa figura de la reelección y está dispuesta a eliminarla. Eso debe formar parte de las primeras medidas a tomar cuando ocurra el cambio político. No se puede postergar demasiado este anhelo para que no se relativice su importancia y su actual ambiente favorable. Los tiempos han demostrado que no estamos vacunados contra los autoritarismos.
Es menester vacunarnos contra el fascismo impulsado en la conciencia colectiva esta medida urgente y perentoria. No es una ley “antifascista”, no es la prisión perpetua. Es la alternabilidad la verdadera vacuna contra el fascismo, el comunismo y todo tipo de autoritarismo. Con ella no será fácil que el crimen se haga parte del Estado.