La comunidad venezolana en el exterior se enfrentó a numerosas restricciones para poder inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral (RE) de cara a las elecciones presidenciales. Estas restricciones afectaron a aproximadamente el 25% de la población electoral del país, según denunciaron las organizaciones no gubernamentales Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven.
En un informe reciente, estas ONG afirmaron que al privar del derecho al voto a los venezolanos en el exterior, el Estado también estaba afectando los derechos fundamentales a la libertad de opinión y participación política de una gran parte de la población electoral. Ligia Bolívar, coordinadora del informe y defensora de derechos humanos, calificó esta situación como un «fraude preelectoral masivo».
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, hay aproximadamente 7.722.579 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Sin embargo, solo 6.528 de ellos pudieron inscribirse y actualizar sus datos en el RE.
Las organizaciones denunciaron que el Estado venezolano restringió de forma arbitraria el derecho humano a elegir en condiciones de igualdad y no discriminación para los venezolanos en el exterior con capacidad de votar. Estos venezolanos suman al menos 4.485.470 personas con permisos de residencia y otras estancias regulares. Esta situación vulnera los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Las ONG también señalaron que las embajadas solicitaron requisitos adicionales a los venezolanos, como un pasaporte vigente y demostrar residencia permanente en el país de acogida, a pesar de que la ley establece que el único requisito para inscribirse o actualizar los datos en el RE es la cédula de identidad. Esto genera una discriminación hacia los ciudadanos que residen en el extranjero.
Otra de las limitaciones que enfrentaron los venezolanos en el exterior fue el reducido tiempo que duró el operativo en las embajadas y consulados. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había previsto un mes para el proceso, en muchos casos comenzó con dos o tres semanas de retraso y se llevó a cabo en horario laboral restringido.