Honduras enfrenta una crisis constante de inseguridad, gran parte de la cual está vinculada a la complicada situación en sus cárceles, donde las bandas criminales continúan operando y extendiendo la criminalidad y la violencia más allá de sus muros. En respuesta a esta situación, la presidenta Xiomara Castro ha declarado la «emergencia en materia de seguridad».
Este anuncio se realizó el viernes por la noche, durante una comparecencia ante los medios nacionales, en la cual la presidenta, en colaboración con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), reveló un «plan de solución contra el crimen» que incluye, entre otras medidas, la construcción de una megacárcel con capacidad para 20.000 reclusos.
«En virtud de esta situación de emergencia declarada en materia de seguridad se ordena construir de inmediato un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20.000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios (este)», detalló el jefe de los militares, Roosevelt Hernández.
Una vez construido el centro, los reclusos serán trasladados allí «de inmediato». Actualmente, unas 30 cárceles en Honduras albergan aproximadamente a 21.000 internos. Además, el país está finalizando la licitación de una cárcel para otros 2.000 reclusos en las islas del Cisne, un proyecto que ha sido criticado por grupos ambientalistas.
«Recuperar el orden»
El ministro de Defensa, Manuel Zelaya (hijo de la presidenta), afirmó que los militares y la policía «de forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país», con un enfoque particular en los «crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsiones, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos».
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, declaró que con estas acciones se busca «establecer el control y recuperar el orden de los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal». Además, se intensificará la investigación y los «operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento, destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas», agregó el portavoz.
El plan también incluye la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, quienes ya están identificados en una lista. Paralelamente, el Parlamento hondureño activará una reforma del Código Penal que incluirá, entre otras cosas, que las personas pertenecientes a bandas que cometan estos tipos de crímenes «sean calificadas como terroristas» y que se autorice el uso de brazaletes electrónicos para monitorear a los procesados.
Honduras ha sido durante décadas un punto clave en el tránsito de cocaína desde los países productores en Sudamérica hacia el mercado estadounidense. En los últimos años, las autoridades hondureñas han descubierto extensas plantaciones de coca y laboratorios de procesamiento de cocaína. La construcción de la cárcel y otras medidas contempladas en este plan recuerdan las acciones emprendidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien acaba de iniciar su segundo mandato. La presidenta Castro y otros miembros de su gobierno han visitado El Salvador para conocer de cerca sus políticas de seguridad.