El miércoles, las autoridades de Panamá anunciaron el cierre de ciertos caminos no oficiales utilizados por migrantes para atravesar la selva del Darién, que limita con Colombia.
Esta decisión, promovida por el presidente panameño José Raúl Mulino, busca incrementar la seguridad en esta región remota, conocida por la presencia de grupos delictivos.
Desde Colombia, las autoridades han emitido críticas hacia esta medida, argumentando que infringe «los derechos fundamentales» de los migrantes que cruzan esta peligrosa selva con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
«Lo que hemos tratado de establecer, precisamente para el respeto de los derechos humanos y garantizar su vida, fue la creación de un paso humanitario» que deben usar los migrantes, señaló el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego.
Este «paso humanitario» guía a los migrantes hasta Lajas Blancas, «donde son atendidos por organismos como Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Nacional, Unicef, Acnur y otros», explicó el ministro.
En Lajas Blancas, los migrantes toman autobuses que los llevan hasta Costa Rica, continuando así su camino hacia el anhelado sueño americano.
Anualmente, miles de personas transitan por estos caminos. En 2023, más de 520,000 migrantes atravesaron esta jungla, enfrentándose a ríos caudalosos, fauna salvaje y bandas criminales.
En lo que va del año, unos 200,000 individuos, en su mayoría venezolanos, han cruzado la selva.
Mulino ha prometido cerrar estos pasos en el Darién y repatriar a los migrantes irregulares, tras un acuerdo firmado con Estados Unidos.
Este tratado incluye un apoyo financiero de seis millones de dólares por parte de Washington para las repatriaciones.
Ábrego destacó que el cierre de estos pasos permite a las patrullas de la policía fronteriza de Panamá (Senafront) mantener la seguridad en la zona.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia sostuvo que el cierre de tres pasos fronterizos no autorizados ordenado por Panamá «aumentará el represamiento» de migrantes en la selva.
Imágenes publicadas por la Defensoría muestran a numerosas personas atrapadas en el barro y la densa vegetación del lado colombiano de la frontera.
En respuesta a las críticas de Colombia, Ábrego afirmó que «en la zona fronteriza no existe un puesto de migración conjunto entre Panamá y Colombia. En consecuencia, para cerrar los pasos de migrantes, no hay que consultarle al vecino país».
Mientras tanto, Estados Unidos observa de lejos la crisis migratoria, un asunto crítico de cara a las elecciones presidenciales en ese país.