Acceso a la Justicia califica el instructivo como «de dudosa legalidad», pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional, pero en ningún caso está facultado para decidir las remuneraciones de personal de la administración pública
La ONG Acceso a la Justicia asevera que el instructivo emitido desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un órgano del Ministerio de Economía y Finanzas, y que afecta a toda la administración pública viola al menos seis disposiciones constitucionales.
En una nota de prensa, la ONG señala que este documento viola el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros.
El instructivo Onapre rebaja, dependiendo del sector, entre 40 y 60% los pagos de primas y cláusulas establecidas en las convenciones colectivas, vigentes desde agosto de 2021. A ello se suman las firmas de «actas convenio» entre el Ministerio del Trabajo, sindicatos y federaciones asociadas con el oficialismo, que también han afectado los pagos.
En el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el texto en cuestión obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.
«El recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios públicos está fuera de la Constitución», dice Acceso a la Justicia, al recordar que el artículo 89, numeral 1, de la Constitución establece que «ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales».
También califica el instructivo como «de dudosa legalidad», pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional.
En todo caso, recuerdan, la Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública, pues es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.
La vigencia de esta resolución se mantiene desde marzo, 20 días después que se decretara un aumento del salario mínimo de 1.700%. Los distintos sindicatos, especialmente de los sectores educación y salud, se han mantenido en continuas protestas par exigir la derogación del instructivo, así como la reversión de varias actas que afectaron el pago de bonos, especialmente vacacionales, de uniforme y recreación.
Las manifestaciones derivaron en un cambio de jefe de la Onapre el pasado 15 de agosto. Esta medida es vista por algunos sindicatos como una «cortina de humo» para acabar con las manifestaciones.