Activistas defensores de los derechos del colectivo LGTBI en Venezuela están presionando al Estado para que apruebe su solicitud de crear un protocolo de investigación que asegure la justicia para las personas transgénero que han sido víctimas de delitos motivados por prejuicios. Según el activista Jeffrey Rodríguez, en el país se han registrado 93 casos de mujeres trans asesinadas desde 2008. La propuesta del Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+ es incorporar elementos en los mecanismos de investigación oficiales que permitan calificar estos crímenes como crímenes de odio, considerando el ensañamiento y la exposición pública que sufren las víctimas trans.
Ante esta situación, la organización y otros activistas han solicitado a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía establecer mesas técnicas para trabajar en conjunto en la creación de un protocolo que aborde de manera integral estos hechos y prevenga su recurrencia. Sin embargo, aún están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.
Rodríguez, quien también es abogado y cofundador del observatorio, explica que en Venezuela no existen investigaciones específicas sobre crímenes de odio o violencia de género, por lo que esta propuesta busca garantizar que las agresiones motivadas por estas razones sean castigadas y que las víctimas reciban el apoyo necesario. Según él, los efectos de estos crímenes son diferentes a nivel social y personal, ya que están cargados de prejuicios y tienen un impacto más profundo en la sociedad.
El protocolo propuesto permitiría reconocer y sancionar los discursos y actos basados en prejuicios, así como los crímenes por prejuicios y la violencia extrema asociada a la discriminación. También se considerarían los casos de suicidio o violencia autoinfligida relacionados con la segregación o exclusión. Según los activistas, es fundamental que el sistema de justicia tipifique estos delitos como crímenes de odio y que se promueva una investigación que tenga en cuenta el contexto social de las víctimas.
El observatorio destaca que durante el primer semestre de este año se registraron al menos 151 casos de violencia o discriminación contra personas LGBTI en Venezuela y que es necesario el respaldo institucional para demostrar una voluntad real de cambiar esta realidad. En el caso específico de las personas transgénero, la situación es aún más preocupante, ya que se han documentado 40 casos de agresiones y tres asesinatos en lo que va del año. Esto ha generado una alerta dentro de la comunidad LGTBI.
En conclusión, los activistas por los derechos del colectivo LGTBI en Venezuela están exigiendo al Estado la creación de un protocolo de investigación que garantice la justicia para las personas transgénero víctimas de delitos motivados por prejuicios. Consideran que es necesario tipificar estos crímenes como crímenes de odio y promover investigaciones que tengan en cuenta el contexto social de las víctimas. Además, solicitan el respaldo institucional para cambiar esta realidad y proteger a la comunidad LGTBI de la violencia y la discriminación.