Activistas y familiares de presos políticos en Venezuela se manifestaron en Caracas exigiendo el cierre de los centros de tortura y la liberación de las personas detenidas sin razón. Con pancartas y camisas negras que decían «cierren los centros de tortura», los familiares de los presos denunciaron los tratos crueles a los que están sometidos. La activista Sairam Rivas, quien estuvo detenida durante cuatro meses en 2014, afirmó que los expresos políticos, las familias y las organizaciones de derechos humanos están llevando a cabo estas protestas para aumentar la presión y lograr la liberación de los presos políticos en Venezuela, donde se estima que hay alrededor de 270 según la ONG Foro Penal.
Rivas dijo a EFE: «Vamos a elevar nuestra demanda por la libertad de los presos políticos y también por el cierre de todos los centros de tortura, que es una realidad y una política de Estado en Venezuela». También recordó a los representantes del Gobierno y la oposición que están negociando y que recientemente firmaron un acuerdo en Barbados que «los presos políticos no son una moneda de cambio, no son un instrumento en una negociación, sino seres humanos a los que se les están negando sus derechos».
Andreina Baduel, hermana de un preso político e hija del fallecido militar Raúl Baduel, quien estuvo detenido durante 12 años, afirmó que el propósito de estas protestas es dar voz a la situación de sus familiares detenidos y lograr su liberación. «Una de las cosas que nos mantiene firmes es llevar a cabo este tipo de protestas, denunciar y documentar para que nadie más tenga que vivir el horror que mi familia ha vivido y que muchos venezolanos viven solo por pensar diferente», dijo a EFE.
Según los organizadores, esta protesta también se llevó a cabo simultáneamente en Madrid, donde varios opositores exiliados participaron y exigieron la liberación de los presos de conciencia. El 18 de octubre, después de la firma de los acuerdos en Barbados, fueron liberados el periodista Roland Carreño, colaborador del partido Voluntad Popular (VP); el exdiputado Juan Requesens, bajo arresto domiciliario desde 2020; así como Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, todos considerados presos políticos.