Un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reveló que entre mayo de 2022 y mayo de 2023, más de 220 personas y 25 organizaciones en 40 países han sufrido amenazas y represalias por cooperar con Naciones Unidas. Estas acciones, en ocasiones perpetradas por actores estatales, han tenido lugar en países como Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, Francia, Guatemala, India, Irán, México, Nicaragua, Rusia y Venezuela.
El informe destaca que los defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil están siendo objeto de una creciente vigilancia y de tácticas legales restrictivas. Además, se les limita la movilidad y se les amenaza, e incluso se les impone penas de prisión. Todo esto como consecuencia de su colaboración con la ONU y sus mecanismos.
Esta situación ha llevado a un incremento en el número de personas que rechazan las solicitudes de cooperación con Naciones Unidas, o que solo aceptan colaborar si pueden mantener su labor en el anonimato. Casi la mitad de los países mencionados en el informe han promulgado leyes que castigan la cooperación con la ONU, alegando luchar contra el terrorismo o defender la seguridad nacional.
El informe destaca que estos marcos legales representan serios obstáculos para los socios de larga data de Naciones Unidas en todo el mundo. Estas leyes han sido utilizadas para criminalizar a algunos de estos socios, registrar sus oficinas e interrogar, amenazar y juzgar a su personal.