La situación de emergencia humanitaria en Venezuela sigue empeorando, agravando aún más las dificultades abrumadoras que enfrenta la población, según advierten expertos. Durante un encuentro virtual convocado por el Observatorio Social Humanitario el pasado jueves, se debatieron los desafíos que enfrenta el país y las amenazas que pesan sobre las organizaciones sociales.
Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma HUM Venezuela, presentó datos alarmantes: casi 14 millones de venezolanos se encuentran en una situación de necesidades críticas, con entre 4 y 5 millones en condiciones severas que ponen en peligro inminente sus vidas y bienestar.
«Esto se refiere a personas que tienen su vida, su integridad y su seguridad comprometidas en gran medida, que enfrentan deficiencias tan graves que podrían pasar a formar parte de otro subgrupo, conocido como el grupo de necesidades severas», explicó.
El economista Omar Zambrano, de la firma Anova, arrojó luz sobre la situación económica del país. Afirmó que, a pesar de los intentos de recuperación, la crisis humanitaria persiste e incluso empeora. Destacó la necesidad urgente de mejorar los salarios como un paso fundamental para abordar las necesidades básicas de la población venezolana.
Sin embargo, mientras la crisis humanitaria se agrava, las organizaciones sociales desempeñan un papel crucial en la asistencia a los sectores más vulnerables, enfrentan amenazas cada vez más serias.
D’Elia advirtió sobre una posible legislación que podría invalidar las actividades de estas organizaciones, lo que supondría un duro golpe para la protección de los derechos humanos y el trabajo humanitario en Venezuela.
El contexto de estigmatización y criminalización por parte del Estado ha complicado aún más el trabajo de estas organizaciones, que luchan por mantenerse operativas en un entorno hostil y desafiante.
La discusión en torno a la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines plantea serias preocupaciones sobre la supervivencia y la autonomía de estas instituciones en el país.