Entre 2002 y 2015, en Venezuela se ha anunciado la inversión de 2.393,703 millones de dólares en proyectos de agua potable. Sin embargo, solo el 45.1% de ese presupuesto nacional ha sido ejecutado. Se desconoce el destino del resto de los montos presuntamente asignados en ese sector, los cuales son muy necesarios para que el país pueda desarrollar sistemas alternos de abastecimiento del líquido y así poder paliar la escasez del recurso hídrico
Para lograr una mejora en el saneamiento, manejo adecuado de recursos hídricos y expandir el acceso al agua potable, no solo a nivel nacional sino regional, es necesario que se aporte el 1.3% del producto interno bruto (PIB) del continente anualmente, desde este año a 2030, sostiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
América Latina tiene el 31% de las fuentes de agua potable en el mundo y cuenta con una dotación de agua por habitante cuatro veces mayor al promedio regional. Sin embargo, la escasez del líquido se agrava cada vez más y la distribución no homogénea de la población influye en ello. Lograr abastecer a los 166 millones de personas de la región que no tienen acceso al agua antes de 2030 —el plazo fijado en la Agenda de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible— parece cuesta arriba.
Algunos gobiernos latinoamericanos han empezado a poner en marcha planes de gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.
La inversión en tecnología desalinizadora ha sido clave en países como Chile que, según el World Institute Resources, está entre los 30 territorios del mundo con más posibilidades de sufrir estrés hídrico en 2040.
Según el Ministerio de Obras Públicas chileno, ya se producen 5.570 litros de agua por segundo a partir de agua de mar, con 24 plantas desaladoras operativas y otros 22 proyectos en ejecución, gestionados a través de la Mesa Nacional de Agua, una instancia gubernamental que busca soluciones a mediano y largo plazo a la escasez de agua.
Una sola de ellas, la del desierto de Atacama, abastece a 220.000 personas de esa región, el 75% de la población local, y además se nutre de energía solar.
Planta desalinizadora en Atacama. Recibió un premio como la central más sustentable del año
Y sí, en toda Latinoamérica la capacidad instalada de desalinización llega apenas al 8%, afirmó la Corporación Chilena de Investigación del Agua. Pero hay otros métodos de aprovechamiento que se están implementando.
México, además de Brasil, es una país líder en la instalación de centrales desaladoras. Al norte del continente, por ejemplo, dan tratamiento a aguas residuales en 1.360 plantas que construyeron para ello, llegando a reutilizar hasta 5.051 millones de m³ del líquido en agricultura.
Es de hecho en esa nación que se encuentra la mayor planta de Latinoamérica para tratar estas aguas, en Atotonilco, que puede purificar 35 m³ por segundo, de acuerdo con un informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
En Venezuela —donde al menos 3 de cada 10 personas han estado sometidas a racionamientos de agua corriente por órdenes gubernamentales— no se aplica ninguno de los dos sistemas anteriormente nombrados.
¿Es rentable la desalinización en Venezuela?
Nicola Ceci, director de la ONG Enviro-Water Soluciones Ambientales, dijo a TalCual que el país tiene un alto potencial para desarrollar plantas desalinizadoras en zonas costeras como Paraguaná, Margarita, La Guaira o Los Roques, pero aún no hay ninguna. En estas regiones, por su situación geográfica, la implementación de este sistema es más económica «que acoplarla a una fuente superficial segura».
Señaló que se deberían desarrollar estudios de factibilidad técnica, tomando en cuenta el impacto ambiental que generarían y las «dinámicas humanas» que existen en esos poblados.
Sin embargo, los altos costos de la infraestructura y el equipamiento requerido para los procesos de desalinización figuran como un impedimento para avanzar con esta tecnología hídrica que empieza a ser usada más ampliamente en otros países del continente.
Nicola Ceci, químico tecnólogo con maestría en Ingeniería Sanitaria. Recibió el Premio Verde Latinoamericano 2022 por su fundación que trata temas ambientales en Venezuela
Una planta desalinizadora de aproximadamente 6.000 litro por hora (lph) cuesta alrededor de 10.000$, sin incorporar en el presupuesto otros insumos menores y adiestramiento de personal, necesario para su buen funcionamiento.
Si, según la Organización Mundial para la Salud (OMS), una persona necesita por lo menos 100 litros de agua por día para cubrir sus necesidades básicas, en la ciudad de La Guaira, donde hay una población estimada de 410.589 habitantes, y por ende una demanda de 41.058.900 litros de agua a diario, deberían instalarse al menos 285 centrales desaladoras, que se traducen en una inversión de 2.850.000 millones de dólares, de acuerdo con cálculos propios desarrollados con base en datos proporcionados por Douglas Sánchez, técnico del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
«Esto, sin poner en la ecuación el requerimiento de agua de los demás sectores, como la industria y comercio, que tienen una alto gasto de agua según sus actividades. Las cifras a baja escala podrían inducir una perspectiva de lo cuantiosa que es la inversión para esta tecnología. Además, la desalinización también tiene costos para el medioambiente: emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de gran la cantidad de energía empleada (…) Venezuela, al contar con una vasta zona costera, tiene un gran potencial para paliar el problema de la escasez de agua mediante el uso de plantas desalinizadoras. Pero la pregunta que realmente cabe es: ¿necesitamos recurrir a esta tecnología siendo un país con grandes recursos hídricos?», se cuestionó el profesor ucabista.
Se espera que en el continente inviertan al menos 25 millones de dólares en proyectos de desalinización.
De aguas negras a recursos energéticos
El futuro sin suficiente agua para todos está cada vez más cercano y amenaza el crecimiento económico y la seguridad alimentaria, que dependen en gran medida del recurso hídrico para la producción. Por ello, el compromiso político e institucional con el diseño de programas de sistemas alternos de saneamiento de agua son claves para hacer frente a este problema.
Los venezolanos podrían encaminarse hacia una transición hídrica sostenible que garantice el derecho humano al agua a todos por igual , iniciando con el tratamiento y reutilización de las aguas servidas.
A nivel regional los efluentes se tratan en apenas un 30%, asegura la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, y aunque es un indicador bajo, está muy por encima del de Venezuela, que llega apenas a 0,93%, según reseñan en el informe «Producción, tratamiento y reutilización de aguas residuales municipales en América Latina y el Caribe», elaborado por la FAO.
Si bien otro estudio del Banco Mundial estima que se requieren 100 millones de dólares para la construcción de una planta convencional para el tratamiento secundario de aguas residuales para una población de un millón de habitantes, los costos económicos asociados con enfermedades generadas por falta de saneamiento, que se cifran en 827.000 anuales en países de bajos ingresos, apuntan a que hacer esa primera inversión sería mucho más rentable.
Además, la reutilización de las aguas residuales ofrece otros múltiples beneficios, principalmente para el sector agrícola —que en América del Sur tiene una demanda del líquido del 60 al 92% del total de 290 mil millones de metros cúbicos de agua que se extraen anualmente para usos domésticos y productivos— porque sirven como una fuente adicional de agua constante que está disponible para el riego durante todo el año sin depender de variabilidad climática.
De hecho «la sustitución de agua dulce para irrigación por aguas residuales tratadas permite una mayor disponibilidad de agua potable para otros usos clave, como son el urbano y el industrial, favoreciendo que la agricultura no tenga que competir con otros sectores por los mismos recursos hídricos».
Pero eso no lo es todo. En países como Argentina, para disminuir el índice de gasto hídrico, por ejemplo, a través del programa Renovar, el gobierno empezó a dar incentivos a dueños de mataderos que empezaron no solo a dar tratamiento a aguas residuales sino que instalaron biodigestores para, además del agua, concentrar otros residuos —sangre, heces, sebo, orina, etc— para generar biogas, que puede usarse para alimentar un motor y producir energía térmica y eléctrica.
También «las corrientes de agua dentro del sistema podrían producir energía hidroeléctrica con la adecuación de turbinas que transformen la energía cinética del agua en energía eléctrica. El proceso consiste en que los microorganismos metabolicen los residuos orgánicos de las aguas residuales, liberando electrones que producen energía eléctrica.
Existe un vasto mundo y posibilidades en la producción de energías alternativas, por lo que la ciencia día a día avanza en estudios para tal fin, lamentablemente nosotros en Venezuela mantenemos un atraso en este campo dependiendo básicamente de la tecnología foránea.
De acuerdo con un informe de la FAO, en el continente, con un consumo eléctrico promedio de 2.081 kilovatios hora por hogar, con los 30 km3 de aguas residuales municipales producidas cada año, que generarían 4,2 km3 de metano, se podría generar potencialmente energía para abastecer a más de 20 millones de hogares, debido a que el gas natural puede producir una energía calórica de aproximadamente 1,51 megajoule, equivalentes a 416.679 watt-hora.
¿Qué sectores tienen un mayor consumo de agua en Venezuela?
En Venezuela, aunque no hay estadísticas oficiales que permitan ponderar la demanda de agua actual por área de producción económica, Nicola Ceci y Douglas Sánchez coinciden en que los ramos agrícolas e industriales son los mayores consumidores de agua.
«Los productores de papel, embutidos y procesamiento de alimentos tienen mayor impacto, como también el área metalmecánica y la minería, que dependen de grandes cantidades de recursos hídricos para sus procesos productivos. Esto lo avala la gran cantidad de industrias que en Venezuela, para poder cubrir su demanda hídrica, recurren a la perforación de pozos profundos, impactando el medio ambiente. Sin embargo estos procesos pueden tener una visión sostenible», comentó el ingeniero de la UCAB.
El problema es que en Venezuela no hay infraestructura para dar solución al problema y la inversión estatal destinada al sector del agua —que entre 2002 y el 2015 fue de 2.393,703 millones de dólares, según la investigación Gasto Público en el Sector de Agua Potable y Saneamiento del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice)— se pierde en el camino, lo cual hace que no se concluyan las obras. De ese presupuesto total se ejecutó en promedio solo el 45.1%
Recordemos la recomendación de la Cepal: para lograr una mejora en saneamiento, manejo adecuado de recursos hídricos y expandir el acceso al agua potable es necesario 1.3% del PIB anual del continente desde ahora a 2030. Depende del gobierno venezolano acoplarse a la transición hídrica que avanza en Latinoamérica.