Durante el primer semestre de 2023, se reportaron al menos 355 casos de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios de seguridad del Estado en Venezuela, según un informe presentado por el proyecto Lupa por la Vida, respaldado por la Fundación Centro Gumilla y Provea.
La mayoría de las víctimas, más del 90% de ellos, eran hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. En el 60,49% de los casos, las víctimas se encontraban en este rango de edad. De todos los casos registrados, el 63,66% de las víctimas han sido identificadas, mientras que el 36,34% permanecen desconocidas.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue identificada como el grupo estatal con mayor implicación en ejecuciones extrajudiciales, a pesar de la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). En total, la PNB estuvo involucrada en 96 casos de asesinato, lo que representa el 27,04% del total. Le siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 67 casos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 63 casos y las policías estatales con 62 casos.
En términos de ubicación geográfica, los estados con mayor número de casos fueron Carabobo (68), Zulia (61), Miranda (60) y Aragua (33). Sin embargo, se observa una disminución en el número de casos en Anzoátegui (15), Aragua (105 ejecuciones el año anterior), Bolívar (14), Guárico (11), Yaracuy (8) y Zulia (61).
El informe de Lupa por la Vida destaca que estas disminuciones no se deben a cambios en las políticas de seguridad del Estado, sino a la presión ejercida por los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), los cuales han señalado a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
En sus conclusiones, Lupa por la Vida resalta que, a pesar de las investigaciones de la ONU, aún existen personas en posiciones de poder que han sido señaladas como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Además, la organización expresa preocupación por la falta de voluntad por parte de las instituciones nacionales para investigar y sancionar a los responsables de estas ejecuciones arbitrarias, lo que perpetúa las prácticas que conducen a crímenes de lesa humanidad.
«No se ha observado un esfuerzo serio y continuo por parte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial para investigar y sancionar a los responsables materiales y a los máximos responsables de las miles de presuntas ejecuciones», insiste la organización.