Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por las acciones del gobierno de Nicolás Maduro contra las primarias opositoras celebradas el 22 de octubre. Según AI, estas acciones son una muestra más de la política represiva del gobierno venezolano.
En un comunicado, Ana Piquer, directora para las Américas de AI, afirmó que «las recientes medidas anunciadas contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP), sus representantes y los resultados del proceso son una muestra más de la política de represión del gobierno venezolano que busca obstaculizar las libertades de quienes quieren ejercer su derecho a la participación en asuntos públicos».
Para la organización internacional, las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) contra los comicios opositores y sus organizadores, que abrió una investigación penal sobre el proceso, «elevan las alarmas sobre posibles detenciones arbitrarias, algo que ha sido ampliamente denunciado».
«Esta política represiva no es nueva y la comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados en la defensa de los derechos humanos en Venezuela», enfatizó Piquer.
Además, agregó que «el gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno. Las acciones tomadas por el Ministerio Público, alineadas con declaraciones de autoridades estatales, elevan las alarmas sobre posibles detenciones arbitrarias, algo que ha sido ampliamente denunciado».
AI también señaló que instancias internacionales como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que «existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad», por lo que es necesario un escrutinio que evite «una nueva escalada de crímenes» y violaciones de derechos humanos.
La organización recordó que en septiembre presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que alertó sobre el uso de inhabilitaciones como mecanismos para «evitar que quienes son percibidos por las autoridades como opositores políticos se presenten a cargos de elección popular».
En las primarias de la oposición, la exdiputada María Corina Machado resultó ganadora con el 92,35% de los votos. Sin embargo, el Tribunal Supremo suspendió los «efectos» de esta elección en una sentencia emitida el lunes.
Machado ha sido objeto de inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015 por un año, y recientemente se extendió hasta 2030, lo que significa que no podrá ocupar cargos de elección popular ni participar en las elecciones presidenciales de 2024 a menos que se levante la sanción.