Amnistía Internacional (AI) emitió una denuncia el martes, señalando que las detenciones por motivos políticos continúan siendo una práctica común en Venezuela, describiéndolas como un «ataque sistemático» contra la población. La organización instó a la liberación de aproximadamente 300 personas consideradas presos políticos.
Con información de El Nacional
En su informe titulado «Vidas Detenidas,» AI afirmó que las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela son parte de un patrón generalizado y sistemático destinado a silenciar a aquellos que discrepan con el gobierno de Nicolás Maduro o que tienen objetivos políticos diferentes.
La organización destacó que las detenciones afectan a una amplia gama de personas, no solo a aquellos que expresan opiniones diferentes, sino también a personas cercanas a quienes se busca reprimir, enviando así un mensaje de intimidación.
AI señaló que la criminalización de individuos a través de tribunales con jurisdicción en terrorismo se ha consolidado en Venezuela, lo que agrava las consecuencias del procesamiento penal.
La organización identificó varios patrones en estas detenciones, incluyendo la falta de órdenes judiciales, la falta de independencia judicial, la aplicación de leyes ambiguas y el aislamiento de los detenidos. AI enfatizó que estas prácticas violan repetidamente los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a un juicio justo, a la integridad y a no ser sometido a torturas o malos tratos.
AI estimó que aproximadamente 300 personas se encuentran detenidas por motivos políticos en Venezuela, identificando nueve casos emblemáticos, como el de Javier Tarazona, director de la organización FundaRedes, quien fue detenido en julio de 2021 y acusado de «terrorismo» después de denunciar vínculos entre el gobierno de Maduro y la guerrilla colombiana ELN.
La organización exigió la liberación de todos los detenidos y llamó a la comunidad internacional a presionar por garantías en Venezuela para prevenir futuras detenciones de este tipo. También instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a incluir estos casos en su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Maduro.