La Asamblea Nacional, liderada por la oposición y reconocida por Estados Unidos, aprobó recientemente una propuesta para extender la validez de los bonos en mora emitidos por el gobierno y PDVSA. Esta medida permite iniciar negociaciones para el pago y la reestructuración de la deuda, lo cual disminuye los riesgos de enfrentar acciones legales en los tribunales estadounidenses. Dicha propuesta busca evitar demandas por parte de los acreedores relacionadas con casos de expropiación y pagos atrasados por parte de Venezuela.
El diputado José Salazar destacó la importancia de prorrogar la fecha de vencimiento de los bonos antes de que se produzca un plazo perentorio. Según Salazar, los bonistas ven oportunidades de demandar para obtener compensación, por lo que es fundamental que la Asamblea Nacional acuerde extender dicho plazo. El objetivo principal de esta decisión es lograr una reestructuración financiera ordenada de la deuda externa del país, que asciende a aproximadamente 60.000 millones de dólares. El diputado alienta a los tenedores de bonos a evitar acciones legales durante las negociaciones de reestructuración de la deuda.
Cabe mencionar que Nicolás Maduro y PDVSA intentaron llevar a cabo una medida similar a principios de este año, pero debido a que su gobierno no es reconocido por Estados Unidos, las conversaciones con los bonistas no han avanzado significativamente.
En Venezuela existen dos Parlamentos, pero solo el controlado por la oposición es reconocido internacionalmente y cuenta con la autorización de Estados Unidos para negociar los pagos de la deuda externa. Desde las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos en 2019, la Asamblea Nacional liderada por la oposición ha designado comités y juntas para supervisar los activos extranjeros de Venezuela.
El gobierno de Maduro dejó de pagar a los bonistas hace más de cinco años, y en octubre se cumplirán seis años desde el incumplimiento, lo que activará opciones legales para reclamar el dinero.
Sin embargo, es importante destacar que la extensión de los bonos y cualquier negociación futura con los bonistas, están pendientes de la aprobación de Estados Unidos y no implican que Venezuela renuncie a su derecho de tomar acciones legales para proteger sus activos si fuera necesario.