Un grupo de organizaciones comunitarias convoca a una manifestación el sábado 24 para protestar su aplicación en medio de críticas y defensas
MIAMI.- El 1 de julio entra en vigor la ley estatal SB1718 de inmigración, que busca regular la entrada y el empleo de migrantes irregulares en Florida, y un grupo de organizaciones comunitarias convoca a una marcha en Miami el sábado 24 para protestar su aplicación en medio de críticas y defensas.
Hace apenas unos meses, el gobernador Ron DeSantis pidió al Congreso estatal adoptar medidas para frenar la inmigración irregular a Florida y parar el gasto millonario que produce la atención médica y social.
“Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de Derecho”, advirtió DeSantis.
Blaise Ingoglia, senador republicano por el distrito 11, presentó una propuesta de ley, que más tarde fue modificada y adoptada por ambas cámaras legislativas.
“Quiero que las familias (migrantes) estén legales, y cada vez que alguien venga aquí y diga que tiene familiares y amigos que están ilegalmente en este país, culpo al gobierno federal. Porque esto es culpa de ellos”, señaló Ingoglia, cuyo distrito abarca una amplia zona rural al norte de Tampa.
Confusión y temor
Acerca de la confusión y el temor entre los migrantes y la ciudadanía en general, Lunicel Alvarado, líder comunitaria y pastora de El Ministerio Pentecostal de la Roca Eterna, en Homestead, que organiza la manifestación en Miami; comentó “hay personas que no saben que el proyecto de ley cambió y se quejan porque nadie quiere transportarlos porque son indocumentados”.
Alvarado, que junto a otras organizaciones comunitarias concierta la concentración en Miami, aclaró “la ley ya no dice eso. La ley dice que no puede conducir a un extranjero indocumentado hacia o desde Florida a través de la frontera del estado”.
En cuanto a ir al hospital, cuando la ley pide a los centros médicos que hacen uso del seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, explicó que el paciente “puede negarse a proveer la información y que no pueden negarle el servicio médico” porque hay otra ley que exige proveer atención médica.
Empleos
Los sectores de hotelería, gastronomía y construcción anticipan que no serán muchos lo que, teniendo la documentación en regla, quieran ocupar los puestos
También hay inmigrantes sin papeles que pierden sus empleos o pudieran perderlos porque la nueva ley exige corroborar el estatus legal de trabajadores, a través de la red nacional E-Verify, cuando el empleador cuente con más de 25 trabajadores.
“Son personas que solo quieren una parte del Sueño Americano y también pagan impuestos. No son criminales. Son personas trabajadoras. Y debemos entender que otros no quieren hacer su trabajo. Quién quiere ir a Homestead a trabajar en el campo”, comentó la pastora y líder comunitaria.
“En lugar de tener una ley como esta”, añadió, “deberían trabajar con el Gobierno Federal y encontrar una solución. Pedir al Congreso que apruebe una ley integral para arreglar esta situación”.
La manifestación, que está pautada para el sábado 24 de junio, a las 11am, frente a la Torre de la Libertad, en el centro de Miami.
Los organizadores de la protesta quieren visitar los ayuntamientos del Gran Miami, desde Miami y Coral hasta Hialeah y muchos más, para pedir apoyos.
Hace tres años, en 2019, el Congreso estatal de Florida adoptó la ley SB 168 Federal Immigration Enforcement, que prohíbe gobiernos municipales y condales adoptar políticas proinmigrantes que pudieran limitar el trabajo de las autoridades de inmigración.
Por ello, municipios y condados no pueden proveer ni ayuda ni consejería a migrantes indocumentados.
“Sabemos que no pueden hacer much
o, pero tal vez puedan ayudarnos, de alguna manera, a proveer información a la gente para que conozca la ley”, apuntó Alvarado.
Servicio médico
Además, la nueva norma pide a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, lo que podría llevar a migrantes indocumentados a no recibir servicio médico, según opositores a la norma.
No obstante, el abogado Martínez opinó que el paciente “puede negarse a proveer la información y que no pueden negarse el servicio médico” porque la ley, otra norma, exige proveer atención médica.
Transportación
La transportación de personas indocumentadas desde otro estado hasta Florida estará prohibida a partir del 1 de julio, con altas multas y/o prisión. O sea, no se podrá transportar a quienes no tengan papeles en reglas a o desde el estado, pero sí dentro de la jurisdicción estatal.
“La propuesta de ley planteó inicialmente que no se podría transportar personas indocumentadas dentro del estado, incluso dentro de una ciudad, pero eso cambió. Fue eliminado de la ley”, confirmó el abogado.
“Lo que no se sabe aún es cómo van a implementar la ley para saber si alguien trae a una persona indocumentada a Florida”, señaló.
De hecho, no será fácil saber si alguien transporta a una persona indocumentada, a no ser que el conductor del vehículo cometa una infracción de tráfico y la policía de carreteras lo pare.
“Aun así, la policía no acostumbra a pedir identificación a los pasajeros, solo al conductor”, comentó. “Veremos cómo lo hacen y si verdaderamente instruyen a las policías, sea estatal o municipal, a hacer cumplir este requisito”, subrayó.
Hace tres años, en 2019, el Congreso estatal de Florida adoptó la ley SB 168 Federal Immigration Enforcement, que prohíbe gobiernos municipales y condales adoptar políticas proinmigrantes que pudieran limitar el trabajo de las autoridades de inmigración.
Por ello, municipios y condados no pueden proveer ni ayuda ni consejería a migrantes indocumentados.
Además
Entre los apéndices de la nueva ley estatal de Florida destaca que las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares no tendrán valor en Florida.
La ley asigna 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país, en el marco de un programa iniciado el año pasado con el envío de dos grupos de venezolanos en aviones privados de Texas al noreste de Estados Unidos.