Manifestantes en Venezuela corearon «¡Defender derechos no es terrorismo!» mientras exigían la libertad de seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión por conspiración. La sentencia, emitida el 1 de agosto, contra Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, será apelada próximamente, según informó Yorbelis Oropeza, esposa de Bracho, durante una manifestación frente al Ministerio Público en Caracas.
Durante la protesta, Oropeza leyó un documento entregado a la Fiscalía en el que se solicitaba el cese de los procedimientos judiciales que limitan la libertad sindical, incluyendo el sometimiento de civiles a la justicia militar. El texto también pedía la liberación inmediata de todos los defensores y defensoras de derechos laborales detenidos por ejercer su actividad sindical.
Los seis activistas fueron arrestados en julio de 2022 durante manifestaciones en el país en demanda de aumentos salariales y mejores condiciones laborales para el sector público. Fueron enjuiciados por conspiración y asociación para delinquir.
En Venezuela, el salario mínimo equivale a menos de 5 dólares mensuales y se complementa con bonos estatales de alrededor de 65 dólares. En contraste, el costo de la canasta alimentaria supera los 500 dólares, según estimaciones privadas. El país sufre una grave crisis inflacionaria.
El fiscal general, Tarek William Saab, defendió el procedimiento judicial y cuestionó la identidad de los detenidos como líderes sindicales. Además, vinculó a los condenados con un militar desertor, Angelo Heredia, quien se fugó de una prisión militar en Colombia en 2019, donde estaba detenido por rebelión desde 2017.
Expertos de la ONU han señalado que Venezuela abusa crónicamente de las leyes antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado estas afirmaciones como irresponsables.
En un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil, los familiares de los condenados y activistas instaron a investigar los asesinatos de dirigentes sindicales y las amenazas. Según la ONG PROVEA, en 2022 se registraron dos asesinatos de sindicalistas, y entre 2015 y 2020 se documentaron 44 muertes de defensores de derechos laborales.