Silenciar a la disidencia es lo que pretende el gobierno de Nicolás Maduro, indicó el presidente editor del diario. Es claro que la adjudicación de la sede de El Nacional a Cabello demuestra de una manera categórica el secuestro del Poder Judicial por el Ejecutivo en Venezuela
Por José Gregorio Meza @josegremeza – El Nacional
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció que “en Venezuela se lleva a cabo un genocidio comunicacional”, que monta expedientes amañados, que luego se ventilan en los tribunales con jueces que más bien parecen sicarios y gatilleros.
“La noticia que da cuenta del asalto al diario El Nacional no deja de despertar alarma en los escenarios internacionales, en los que no resulta fácil asimilar semejantes procedimientos”, dijo.
“La conclusión es definitiva: en Venezuela se lleva a cabo un genocidio comunicacional para silenciar las voces disidentes de una tiranía que no tolera opiniones en contrario”, afirmó.
El Nacional y el genocidio comunicacional
Otero indicó que no conformes con llevar adelante los más horrendos crímenes de lesa humanidad, como resultados de acciones que configuran un patrón de conducta que implican detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de miles de personas, “también se pone en marcha un plan para comprar periódicos o estaciones de radio y de televisión, simplemente para imponer una línea editorial que complazca los caprichos de los dictadores”.
Señaló que ha resistido transarse con los operadores del gobierno, ante las reiteradas ofertas para que vendiera las acciones del periódico fundado por el escritor Miguel Otero Silva, “y la respuesta de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello fue someternos al esquema de un asalto encubierto mediante un juicio fundamentado en una reproducción de una noticia publicada por decenas de medios de comunicación de Europa y América, en las que se mencionaba a Cabello en una investigación de funcionarios norteamericanos, presunción que ha sido confirmada por instituciones de Estados Unidos, que combaten el tráfico de narcóticos y que ofrecen recompensas por la captura del demandante, Cabello”.
Otero explicó que “el genocidio comunicacional comienza cuando se amañan expedientes que son ventilados en tribunales que están a cargo de gatilleros disfrazados de jueces, luciendo togas y birretes, comprometidos a dictar sentencias para condenar inocentes y absolver a culpables, según las instrucciones que reciban de los jerarcas de un régimen que liquidó el principio de separación de poderes en Venezuela”.
Un periódico que defiende los valores democráticos
Otero explicó que el chavismo “no pudo comprar las instalaciones de un periódico que no ha cesado en defender los valores democráticos, un periódico que pintaba en sus páginas la tragedia humanitaria que ha espantado del territorio nacional a más de siete millones de venezolanos, que ahora forman parte de la diáspora más grande del mundo, mientras que adentro persisten en arruinar a más de 9.000 industrias, dejar sin empleos a más de 70% de la fuerza laboral y a empujar a las franjas de la pobreza a más de 90% de la población nacional”.
Puntualizó que “el edifico, las rotativas, los laboratorios fotográficos y los equipos tecnológicos que utilizaban los abnegados redactores para continuar informando a la ciudadanía fueron objeto de un brutal asalto perpetrado por decenas de efectivos militares acatando órdenes directas de Cabello, cabecilla de un aberrante atentado contra la libertad de expresión que hoy condena el mundo entero”.
El secuestro del Poder Judicial
Para Otero es claro que la adjudicación de la sede de El Nacional a Cabello demuestra de una manera categórica el secuestro del Poder Judicial por el Ejecutivo en Venezuela. “Este ha sido un juicio lleno de irregularidades que no ha tenido ninguna lógica desde el punto de vista legal”, dijo.
Recordó que todo empezó porque El Nacional publicó una nota que había salido en el diario ABC de España: “Allí se decía que un fiscal federal del estado de Nueva York había abierto una averiguación a Diosdado Cabello por sus vinculaciones con el narcotráfico. Eso decía la nota, que publicaron 80 periódicos. Era una noticia importante. Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional”.
Otero dijo que un tiempo después la DEA estableció una recompensa de 10 millones de dólares para quienes den información que dé indicios para la captura de Cabello, “lo que demostró que la información que publicamos era cierta”.
La demanda contra El Nacional
Cabello demandó penalmente a El Nacional por difamación, señaló Otero, pero el juicio no pasó de la audiencia de conciliación. Un juicio al cual no se llevaron pruebas ni testigos: “Luego, introdujo una demanda civil por un monto que lo diluyó la inflación. Como no le gustó la decisión sobre la cantidad a pagar se fue al Tribunal Supremo de Justicia, donde los magistrados reciben sus órdenes, y les indicó que ordenaran una indemnización de 13 millones de dólares”.
Contó que el día que se ejecutó la orden, el Ejército tomó el edificio, sin ningún procedimiento legal adecuado. “Tomaron la sede con armas largas. Después de una cantidad de meses otro juez determina que el edificio de El Nacional pertenece a Cabello. Una juez que además es hermana del contralor general de la República”, dijo.
La conclusión no deja lugar a dudas: en Venezuela no hay sistema judicial. “Los jueces obedecen las instrucciones de arriba. Es una realidad que está en la Corte Penal Internacional. De alguna manera, cuando vamos a la línea de mando, llega hasta arriba. Los jueces terminan siendo unas nulidades. Y así ocurre en las instancias de represión”, manifestó.
“Que esto sirva como ejemplo importante de lo que sucede en Venezuela. Es el asesinato de la libertad de expresión. Es cómo un régimen que no puede ver las noticias, no puede resistir que lo critiquen, llega hasta estos extremos para silenciar”, indicó.
Otero aseguró que El Nacional continuará informando y diciendo la verdad. “Al final quedaremos nosotros y ellos no van a quedar”, concluyó.