La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, donde el 92 % de los asientos son ocupados por chavistas, acordó este martes anular todos los acuerdos legislativos que fueron aprobados por la Cámara entre el 6 de enero de 2016 y el 4 de enero de este año, periodo de mayoría opositora.
“Esta Asamblea Nacional se autocorrige y anula los actos de la anterior Asamblea Nacional, que propició el robo de empresas (estatales) como Citgo y Monómeros”, aseguró el presidente de la AN que responde a los intereses del régimen, Jorge Rodríguez, en la sesión parlamentaria.
Rodríguez denunció que los países que apoyaron estos acuerdos “lo hicieron porque querían robarse la plata, las riquezas que Venezuela tiene en su territorio”.
“Ellos saben que esto no tiene nada que ver con el derecho, que no tiene nada que ver con las misiones y funciones de un Parlamento”, sostuvo.
Asimismo, Timoteo Zambrano, quien formó parte de la coalición opositora que obtuvo la mayoría en el periodo pasado, apoyó el acuerdo propuesto por los chavistas y añadió que se tienen que anular esos actos o Venezuela “seguirá sin darle una solución a este barbarismo de esos dos años legislativos”.
En el proyecto aprobado se indica que durante el periodo parlamentario anterior se aprobaron acuerdos “con la deliberada intención de violar el orden constitucional y legal o, específicamente, de ejercer competencias correspondientes a otros poderes públicos”.
Además, en el documento citan que estos acuerdos son “inexistentes o ineficaces” y por lo tanto “carecen de validez formal y material, y no pueden generar los efectos jurídicos que pretendieron con su declaración”.
Los parlamentarios chavistas aprobaron desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación radicado en instancias internacionales, que se deriven de estos acuerdos aprobados por la mayoría de la oposición.
También solicitaron a la Fiscalía, también controlada por el régimen de Nicolás Maduro y a todas los demás órganos del sistema de Justicia de la dictadura que investiguen y establezcan responsabilidades civiles, penales y administrativas.
En diciembre de 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de los escaños de la AN, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impugnó los resultados del estado Amazonas por supuestas irregularidades registradas en esa región durante las votaciones.
Con todo, los tres opositores que ganaron en ese estado acudieron a la Cámara y fueron juramentados por la mayoría opositora que se instaló en enero de 2016, lo que provocó que el Supremo declarara en desacato al Legislativo y, por tanto, la nulidad de todos sus actos hasta tanto fueran retirados los impugnados.
Aunque posteriormente los parlamentarios decidieron retirarse de la AN, el Supremo insistió en el desacato y tampoco resolvió la impugnación de los resultados de Amazonas.