El miércoles, el alcalde de una pequeña ciudad minera en el sur andino de Ecuador fue asesinado a tiros, en medio de los preparativos para una consulta popular que busca aprobar reformas para abordar la crisis de inseguridad en el país. José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, perdió la vida después de ser baleado mientras se ejercitaba con su equipo de seguridad. Este trágico suceso se suma a la preocupante ola de violencia que afecta a los alcaldes ecuatorianos, con cuatro asesinatos en el último año. La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) ha pedido una investigación exhaustiva y protección para los alcaldes del país.
Sánchez, de 52 años, era abogado y había presidido la Cámara de Minería de Camilo Ponce Enríquez, una zona donde se registra extracción ilegal de minerales. El Ministerio del Interior expresó su solidaridad con la familia y amigos del alcalde, recordando que ya había sufrido un atentado en su vivienda el año pasado. Este trágico suceso ha reforzado el compromiso de las autoridades de combatir los actos criminales.
La consulta popular, que se llevará a cabo el próximo domingo, busca implementar reformas legales y constitucionales para hacer frente a la violencia en Ecuador. Sin embargo, estos incidentes violentos han puesto en evidencia la necesidad de abordar de manera urgente este problema y garantizar la seguridad de los alcaldes y otros funcionarios públicos.
Además de los alcaldes, fiscales, periodistas y policías también han sido víctimas de organizaciones criminales locales vinculadas a carteles de México y Colombia. El asesinato más sonado fue el del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado. Estos hechos ocurren en un contexto de rebrote de la violencia y un conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas criminales con las fuerzas armadas.
Es fundamental que las autoridades ecuatorianas tomen medidas contundentes para garantizar la seguridad de los funcionarios y combatir la violencia en el país. La investigación exhaustiva de estos crímenes y la protección adecuada para los alcaldes son pasos fundamentales para restablecer la estabilidad y la gobernanza local. Solo así se podrá avanzar hacia un Ecuador seguro y en paz.