Aunque el Estado venezolano -autodenominado obrero- se escuda en la escasez de recursos por las sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera para justificar el hecho de que no hubo aumento salarial el 1 de mayo, economistas y expertos en derecho laboral aseguran que, con base en cálculos aproximados, el Gobierno sí está en la capacidad de hacer un aumento salarial de al menos 130 dólares.
Esa fue, al menos, la propuesta que postuló la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV): una metodología para aumentar el salario mínimo a través de un enfoque equilibrado, basado en datos fácticos, que combina factores sociales y económicos para llegar a un nivel salarial que beneficie a los trabajadores, sin producir efectos negativos sobre la economía. Algo que propone la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para países en emergencia como Venezuela.
En palabras de la abogada, presidenta del Centro de Formación e Investigación Laboral (Cefil) y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter: “Esto una patada a la mesa de diálogo, las organizaciones sindicales le hicieron propuestas al Gobierno para hacer un aumento salarial decente, digno, con fondos orgánicos y de flujo, y la respuesta fue esta bonificación”.
Además de burlar las expectativas de los trabajadores del sector público tras meses de protestas por reivindicaciones salariales, el reciente aumento de bonificaciones en detrimento del salario mínimo nacional pateó las propuestas que movimientos sindicales, economistas y empresarios pusieron sobre la mesa del Foro de Diálogo Social integrado por la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), sindicatos de trabajadores y el Ministerio del Trabajo.
El pasado 1 de mayo, Nicolás Maduro anunció un incremento del bono alimenticio (cestaticket) a 40 dólares equivalentes al tipo de cambio oficial, y una reducción del bono de guerra económica -que se paga a discrecionalidad a quienes estén inscritos en el Sistema Patria-, que pasó de 45 dólares a 30 dólares.
Los jubilados quedaron excluidos de todo beneficio, y el salario se quedó en 130 bolívares o 5,25 dólares.
El Gobierno nacional lanzó un aumento de bonificaciones que, además de sorpresivo e inconsulto, pulveriza el sistema de seguridad social en Venezuela al no incidir sobre prestaciones sociales, vacaciones o utilidades.
En teoría, el ingreso mínimo aumentó de 52 dólares a 75 dólares. Pero Venezuela aún tiene el salario mínimo más bajo de toda Latinoamérica. Los trabajadores del sector público perciben salarios bajo la línea de pobreza desde hace siete años (2016).
Tal decisión también viola cuanta disposición legal laboral y convenio internacional exista, entre ellas: la Constitución, Ley Orgánica del Trabajo (Lott), y en particular, el Convenio 95 sobre la Protección del Salario, de la OIT.
“Esta bonificación es la desalarización más profunda en la historia de Venezuela y yo creo que es única en las Américas. Ni siquiera en la época de dictaduras sureñas se atrevieron a quitar los ingresos de los trabajadores como lo está haciendo este gobierno”, expresó Richter.
Con el reciente aumento de bonificaciones, se puede costear apenas 16% de la canasta básica alimentaria, que en el estado Bolívar alcanza los 480 dólares, según las últimas estimaciones de Fedecámaras Bolívar.
El Gobierno alega que no tiene capacidad para asumir un aumento salarial, pero tampoco publica cifras de ingresos y gastos públicos toda vez que con su accionar culpa a los trabajadores de la vorágine inflacionaria -por políticas económicas erradas- y emite dinero sin respaldo para aumentar los salarios.
El Gobierno dice no tener dinero para subir salarios, pero no comparte cifras de ingresos y gastos
“Según números aproximados -porque el gobierno no publica cifras- que vemos: 700 mil barriles de petróleo en producción, 550.600 mil en exportaciones, 4.500 millones de dólares en recaudación de impuestos, y otros ingresos que sabemos que tiene el Gobierno pero no publica, sí podría hacer un esfuerzo para pagar sueldos. Está diciendo que no, dice que tiene problemas con cobros, pero no proporciona cifras”, manifestó Luis Oliveros, economista.
A lo que ingresa –pero no se declara– a través de Pdvsa, y el Arco Minero del Orinoco, se le suma la política fiscal empleada para oxigenar las arcas nacionales: Impuesto Sobre Grandes Transacciones en Divisas (IGTF), Impuesto Sobre la Renta (ISRL) e Impuesto Sobre Valor Agregado (IVA). ¿En qué se gasta lo que se recauda? Otra pregunta sin respuesta.
Expertos sentencian que el hecho de que no ocurriera un aumento del salario mínimo fue una decisión política que demuestra, una vez más, que la mejora del ingreso de los trabajadores no está dentro de las prioridades del Estado, pues mientras cataloga de “milagro económico” la desalarización de los ingresos de los trabajadores, no ha tomado acciones contundentes que redireccionen la economía del país y permitan la fijación de un salario mínimo justo que no se diluya al ritmo de la inflación.
“Lo que vemos es que no hay ninguna voluntad política para resolver el tema salarial. Lo único que el Gobierno expresa es que los pensionados, jubilados, trabajadores del sector público tienen que resistir y sacrificar su vida para que el gobierno siga mandando, lo cual es verdaderamente atroz”, manifestó el economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Manuel Sutherland.
Con esto, el especialista se refiere a que el Estado no ha cumplido con ninguna de las condiciones que pide la comunidad internacional para flexibilizar las sanciones a la industria petrolera -como la libertad de presos políticos o la garantía de elecciones limpias y competitivas-, y por lo tanto, incrementar sus ingresos para mejorar los salarios.
“Pero el Gobierno está sentado encima de una olla de oro y no quiere hacer nada para que la gente salga de la miseria”, denunció Sutherland.
El economista señala que un aumento salarial pasa necesariamente por un cambio de estructura de gastos y egresos, negociación de sanciones y la democratización del país.
Culpar a los trabajadores de la inestabilidad cambiaria
Ronald Balza, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, señala que uno de los aspectos más graves de las decisiones del Gobierno en cuanto al salario mínimo, es el hecho de que termina culpando a los trabajadores de la inestabilidad cambiaria y de precios, y no a las erráticas políticas económicas asumidas.
“Si no se tienen ingresos no es porque no se vendió petróleo o no se cobran impuestos. Y si hay gastos no sabemos qué se hacen porque el Gobierno no lo ha publicado. Cuando fija los salarios arbitrariamente viola los derechos laborales, y hace imposible que se participe en la contraloría social. Responsabiliza a los trabajadores de la inestabilidad cambiaria y de precios cuando no sabemos en qué más está gastando”, argumentó Balza.
“El Gobierno gastó esa plata, no sabemos en qué, pero se le atribuye a los trabajadores y no se les aumenta el salario”, agregó.
El Gobierno anuncia que no tiene ingresos para asumir un aumento salarial un mes después de que se hicieron públicos actos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una malversación de 3 mil millones de dólares, según el discurso oficial.
Pero hay dudas sobre la facturación de Pdvsa desde hace tres años, tiempo en el que el Gobierno no rindió cuentas de ello. Reuters reveló, tras ver varios documentos, que Pdvsa solo recibió 4,08 millones de dólares de las exportaciones hechas desde enero de 2020. Esto significa que solo cobró 16% de lo que vendió.
Por otro lado, Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos solo en Pdvsa.
Y a eso se le suman otros casos de corrupción, como Odebrecht.
La política de opacidad del Estado impide, además, que se conozca información sobre empleos, índices de pobreza y el ingreso de los trabajadores, algo que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hizo hasta 2016. El Estado tampoco publica memorias y cuentas desde 2019, ni el presupuesto nacional desde 2016.
Por lo que no se tiene certeza de cuál es la nómina del sector público, sus escalas salariales y la proporción del gasto que hace el Gobierno cuando paga salarios, pensiones o bonificaciones. La transparencia de estas cifras es una de las condiciones que pone la OIT, para poder fijar un monto salarial verdaderamente ajustado a las condiciones económicas del país.
Descalabro de la seguridad social
“El sistema de las prestaciones sociales no es la causa de la inflación. Todo el proceso de hiperinflación se dio con salarios de hambre. No es el ingreso de los trabajadores lo que ha provocado la inflación”, esgrimió Jacqueline Richter.
La bonificación que implementa el Gobierno destroza todo el sistema de relaciones laborales y de seguridad social en Venezuela. Pues el sistema está basado en el hecho de que, sobre la base del salario (que hoy representa apenas el 6.6% del ingreso mínimo), trabajadores activos pagan cotizaciones con las que se costean las pensiones y jubilaciones.
Si durante años estas cotizaciones son mínimas, el sistema colapsa y la cadena se rompe por el eslabón más débil: los jubilados, que dieron años de su vida a las estatales y no estatales que conforman el aparato productivo del país.
“Lo más grave es que con ese tipo de política se termina de desaguar la seguridad social en el país, al jubilarse el trabajador no tendrá nada”, lamentó la abogada.