Nadie quiere hacerse cargo del cadáver. El cementerio musulmán de Viena se ha negado a acoger los restos mortales del terrorista que el pasado 2 de noviembre mató a cuatro personas e hirió a otras 22 antes de ser abatido por la Policía, en el centro de la capital austriaca. «Alá será quien ajusta cuentas con él, pero nosotros sentíamos que teníamos que dar un signo», dice, cabizbajo, Ali Ibrahim, el administrador del cementerio. «Es un asesino que ha matado a inocentes y ha dañado a todos los musulmanes… otros fieles habrían mostrado reparos a ser enterrados junto a él». La comunidad islámica de Austria demuestra así que participa del mismo sentir que el resto de la población de la república alpina, que por primera vez ha sufrido el golpe sangriento delterrorismo.
A pesar de la coincidencia del ataque con el fragor de la mortal segunda ola de la pandemia, Austria ha respondido con un revulsivo de reacciones legales, policiales y sociales con las que declara abiertamente la guerra al «islam político». Mientras varios líderes europeos pedían esta semana una política coordinada de lucha antiterrorista, Austria pasaba directamente a la acción por su cuenta. El canciller Sebastian Kurzha descubierto una «bomba de relojería» en los 300 sospechosos de yihadismo que estuvieron luchando o entrenando en campos de Daesh en Siria o Irak, o que al menos lo intentaron, y que ahora viven en el país centroeuropeo. Y ha demostrado que no dejará de dar un solo paso contra esa amenaza.
El terrorista de Viena había estado en prisión, pero redujo su condena gracias a un «curso de desrradicalización» en el que, a la luz del atentado, se burló en la misma cara de las autoridades austriacas. La vecina Eslovaquia había advertido que Kujtim Fejzulai trataba de comprar munición y armas en su territorio, y el mismo terrorista publicó horas antes en las redes sociales un vídeo en el que se declaraba seguidor de Daesh, y en el que posaba con un fusil de asalto, un machete y una pistola. Ante tales evidencias de que el atentado pudo evitarse, fue relevado fulminantemente de su cargo el responsable de la lucha antiterrorista del país, Erich Zwettler. Muchos países europeos han sufrido las acciones de estos «lobos solitarios», cortados todos por el mismo patrón, pero solo Austria ha reconocido públicamente errores y ha exigido responsabilidades.
Inmediatamente, lanzaron las fuerzas de seguridad una redada, en cuatro cantones, en la que fueron allanados más de 70 domicilios y locales vinculados con los movimientos islamistas de los Hermanos Musulmanes y Hamás. Alrededor de 30 sospechosos recibieron la orden de presentarse ante la policía para ser interrogados, y la fiscalía rastreó «indicios de formación de organización terrorista, financiamiento del terrorismo y lavado de dinero». «Actuamos con toda nuestra fuerza contra esas organizaciones criminales, extremistas e inhumanas», dejó constancia de la declaración de guerra el ministro del Interior, Karl Nehammer, que precisó que el objetivo es «atacar las raíces del islam político».
El Director General de Seguridad Pública, Franz Ruf, confirmó que se confiscaron «cantidades en millones», mientras desde la Cancillería se apuntaba a los focos de radicalización y se anunciaba el cierre de dos mezquitas de Viena.
Prisión preventiva
Aun así, el activismo desplegado por las autoridades austríacas no evitaba el principal obstáculo con el que las policías de toda Europa se encuentran en la lucha contra este tipo de terrorismo. Los sospechosos no pueden ser detenidos hasta que no han cometido un delito o están en vías evidentes de cometerlo, y la vigilancia de todos ellos, y durante todo el tiempo, desborda la capacidad de las fuerzas del orden. Por eso, Kurz ha dado un paso más, el más controvertido de su batalla contra el yihadismo, anunciando que legislará en breve la prisión preventiva, de por vida si es preciso, para estos terroristas potenciales que aún no han ejecutado atentados.
«Si a los delincuentes con problemas mentales se les puede encerrar de por vida si representan un peligro, también se puede encerrar de por vida a un terrorista», ha defendido el canciller austríaco. El Gobierno, formado por el Partido Popular austriaco (ÖVP) y por Los Verdes, restringirá a partir de ahora la entrada de imanes turcos, que no hablan alemán, y financiará a cambio centros de formación de imanes dentro del país. Para los terroristas que ya hayan cumplido condena, Kurz establecerá la vigilancia mediante brazaletes electrónicos, argumentando que al menos 150 residentes en Austria son personas adiestradas y dispuestas a atentar. La reforma incluye, además, la creación de un nuevo delito penal, el «islam político». «El Estado debe contar con medios mucho más duros», ha defendido el canciller, que reconoce que estas medidas son «una intervención importante en los derechos ciudadanos, pero en mi opinión, un paso necesario para minimizar el riesgo para la población».
El objetivo de esta reforma no son solamente los terroristas, sino también todos los agentes que forman parte de su «caldo de cultivo», lo que incluye a mezquitas radicales y asociaciones musulmanas con financiación extranjera, así como organizaciones culturales en las que se difunda propaganda de la yihad. Las condenas derivadas significarán, además, el retiro de por vida de todas las ayudas sociales, el carnet de conducir y el pasaporte austriaco.
Será creado un registro especial de venta de armas, una fiscalía especializada en terrorismo, una plataforma de vigilancia online de la actividad yihadista y un nuevo fondo estatal de indemnización para víctimas del terrorismo. El borrador de las nuevas leyes debería estar preparado a principios de diciembre, según el gobierno de Viena, y debatido en el parlamento nacional antes de fin de año. Los Verdes justifican ante su electorado la aprobación de las medidas alegando que «también servirán en la lucha contra la extrema derecha».