Durante una conferencia de prensa, Eduardo del Castillo reveló que se han desmantelado 37 laboratorios de narcóticos en todo el país en lo que va del año. El ministro de Gobierno de Bolivia también señaló que la región del expresidente Evo Morales es la principal zona de narcotráfico en el país, insinuando que Morales no puede ignorar esta situación. Del Castillo destacó que, de los 37 laboratorios desbaratados, 27 se encontraban en el Chapare, una zona central de Bolivia que es considerada el bastión de Morales.
El ministro enfatizó la importancia de no hacer la vista gorda ante lo que sucede en el país y la obligación de denunciar a aquellos que se benefician de ganancias ilícitas. Estas declaraciones se dieron en el contexto de la búsqueda infructuosa de un supuesto capo del narcotráfico uruguayo acusado del asesinato de un fiscal paraguayo.
Del Castillo también reveló que la mayoría de los laboratorios de cocaína destruidos están ubicados en el Chapare, y que las mayores operaciones policiales se llevan a cabo en esa zona. Esto ha generado molestia en exautoridades, quienes han pedido la renuncia del ministro y han amenazado al gobierno.
Según Del Castillo, gran parte de la pasta base de cocaína que ingresa desde Perú se purifica en el oriente boliviano, especialmente en el Chapare, desde donde la droga es exportada a Brasil por medio de mafias vinculadas a los grupos criminales brasileños PCC y Comando Vermelho. El ministro afirmó que continuarán destruyendo fábricas de cocaína sin importar su ubicación.
El expresidente Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS) al que también pertenece el presidente Luis Arce, ha pedido públicamente la renuncia de Del Castillo y ha promovido su destitución desde el ámbito legislativo. Morales acusa al ministro de colaborar con mafias después de fracasar en la búsqueda del narco uruguayo, quien vivía con una identidad falsa en una ciudad del oriente boliviano. Morales ha declarado recientemente que respaldar a Del Castillo es defender la corrupción y el narcotráfico.
Morales es el líder de los sindicatos de cocaleros del Chapare y en la década de 1990 lideró una lucha contra la erradicación de la coca, cuya hoja está permitida en Bolivia para infusiones y usos medicinales. Esta lucha le brindó apoyo y le permitió ingresar a la política, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país en 2006. Renunció en 2019 después de unas elecciones denunciadas como fraudulentas, en las que buscaba un cuarto mandato consecutivo. Esta crisis desencadenó un estallido social que dejó 37 muertos.
Después de un breve gobierno de la derechista Jeanine Áñez (2019-2020), el MAS ganó las elecciones de 2020 con Arce, quien es considerado el ahijado político de Morales. Sin embargo, el expresidente ha comenzado a cuestionar a su sucesor, lo que ha llevado a una disputa abierta entre ellos. Según los expertos, esta disputa está relacionada con la candidatura oficialista para las elecciones presidenciales de 2025. Arce está habilitado para buscar la reelección.
Expertos y autoridades coinciden en que el tráfico de cocaína, de la cual Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú, ha aumentado en los últimos años en el país andino.
El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó recientemente en redes sociales que el consumo de cocaína ha disminuido en Estados Unidos a favor de otras drogas como el fentanilo, lo que ha provocado cambios en el narcotráfico.
Según el sociólogo boliviano Ricardo Calla, la cocaína ahora se transporta desde Brasil hacia Europa a través de África, lo que ha convertido a algunos países del Cono Sur, como Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en centros de acopio, tráfico y tránsito.
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia continúa, y se espera que las autoridades tomen medidas más enérgicas para combatir este problema que afecta al país.