Han pasado 20 días desde que las autoridades detuvieron a Rocío San Miguel, reconocida abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, bajo el nombre de la operación «Brazalete Blanco». Se la acusa de estar involucrada en una supuesta conspiración para atentar contra Nicolás Maduro, el gobernador del Táchira y diversas instalaciones militares. Desde el 18 de febrero, sus familiares no han tenido contacto con ella.
San Miguel fue arrestada en la madrugada del 9 de febrero, cuando se disponía a salir del país por el aeropuerto internacional de Maiquetía junto a su hija, Miranda Díaz. Fue detenida bajo una presunta orden en su contra.
Un día después, también en el aeropuerto, arrestaron a Miranda Díaz y a su padre, Víctor Díaz Paruta, mientras retiraban el equipaje. El 11 de febrero, los hermanos Miguel y Alberto San Miguel también fueron detenidos.
El grupo fue presentado en tribunales la noche del 12 de febrero, donde se le dictó medida privativa de libertad a San Miguel por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, según informó el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab.
Saab ha declarado que San Miguel estaba presuntamente implicada en la operación «Brazalete Blanco», donde su tarea era informar sobre cada ataque para dar credibilidad ante los medios de comunicación. Como evidencia, se presentó el contacto telefónico con Anyelo Heredia, cabecilla de la acción, pagos de una trasnacional petrolera y 18 mapas incautados en su vivienda, algunos con zonas militares marcadas.
Sobre su salud o estado anímico, hay poca información. Joel García, abogado de San Miguel, señaló que desde el 18 de febrero no se tiene noticias de ella. El Consulado de España, país del cual es ciudadana, ha proporcionado comida, ropa y artículos de aseo personal.
García también ha denunciado irregularidades en la detención de San Miguel, como la falta de su audiencia de presentación en tribunales dentro de las 48 horas posteriores a su arresto, violando el debido proceso, y la falta de respeto a su solicitud de defensa privada.
La detención de la defensora de derechos humanos ha generado preocupación a nivel internacional. Diversas ONG y gobiernos, incluidos Estados Unidos y España, han pedido su liberación inmediata.
En el caso de Alejandro González de Canales Plaza, ex coronel del Ejército y cercano a San Miguel, sus familiares no tienen noticias. A pesar de que se dictó su lugar de reclusión en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, los abogados señalan que se encuentra en el Internado Judicial El Rodeo I, cerca de Guatire, estado Miranda. Se le acusa de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la justicia y asociación.