(Desde Santiago, Chile) El Senado de Chile ha aprobado y está listo para promulgar una ley controvertida sobre usurpaciones, que fue aprobada por la Cámara de Diputados hace unas semanas. Sin embargo, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, han anunciado que presentarán un veto presidencial a la ley en su forma actual.
La ley de usurpaciones tiene como objetivo aumentar las penas para aquellos que toman o ocupan terrenos o viviendas, y pretende convertir estas acciones en delitos, ya que actualmente solo se consideran faltas. Se establece la situación de flagrancia permanente, lo que significa que el delito se está cometiendo de forma continua durante todo el tiempo que dure la usurpación, y no solo durante las primeras 12 horas, como establece la norma actual.
Sin embargo, durante la discusión del proyecto en el Senado, se introdujeron dos figuras jurídicas que surgieron de la oposición y que no han sido bien recibidas por el gobierno. Estas figuras son la flagrancia permanente y la llamada legítima defensa privilegiada. El gobierno interpreta esta última figura como «autotutela», es decir, la posibilidad de que las propias víctimas puedan recuperar lo usurpado por la fuerza. La combinación de ambas figuras, la flagrancia permanente y la legítima defensa, es vista como una bomba de tiempo por el gobierno.
«De esta forma, no vamos a promulgar esta ley. Vamos a vetarla, porque nuestro gobierno es responsable. No queremos que nuestra firma, en lugar del anonimato, respalde una ley que permita que las personas actúen por su cuenta, en grupo, con armas y con meses de planificación», dijo la ministra Tohá, quien aclaró que el veto solo se refiere al artículo que permite la legítima defensa privilegiada. Sin embargo, la ley en su conjunto, que transformaría las usurpaciones en delitos castigados con cárcel, es de gran importancia para la administración de Boric. El objetivo, agregó Tohá, es «preservar lo positivo del proyecto».
Hay otro punto menos controvertido pero que tampoco ha sido bien recibido por el gobierno, y es que las penas propuestas por la ley son rígidas, independientemente de si la propiedad fue tomada por la fuerza o de manera más pacífica, lo que podría plantear problemas en el caso de los campamentos.
El gobierno tiene ahora 30 días para presentar el veto anunciado, aunque ya se vislumbra la posibilidad de establecer una mesa técnica que permita resolver estas diferencias antes de presentar el veto y encontrar una solución intermedia.
De todas formas, la advertencia del gobierno no ha sido bien recibida por la oposición. El senador Felipe Kast (Evópoli) dijo: «Le diría al gobierno que no desinforme a la ciudadanía. Este proyecto no genera enfrentamientos. Me parece extremadamente grave que en lugar de apoyar este proyecto, que es lo que la ciudadanía y este congreso quieren, el gobierno amenace con vetarlo», dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Kasta explicó que la exención de responsabilidad en el caso de la legítima defensa privilegiada se aplica solo cuando el propietario solicita que los usurpadores abandonen el lugar y es agredido. Esto convierte la recuperación de terrenos en un caos.
El senador Javier Macaya, presidente de la UDI, dijo que la negativa del gobierno a la ley «es tomar partido por la impunidad. En legislaciones comparadas, las usurpaciones son delitos que se consideran de la máxima gravedad y se les imponen penas de cárcel».
Por otro lado, el senador Matías Walker, de Demócratas, dijo que esta ley, tal como está, «lo que va a promover es el enfrentamiento armado entre particulares. Quiero recordarles que lo que la legítima defensa privilegiada, que se incorporó en el código penal en los años 90, protege es la vida o la integridad física de la víctima o sus familias. Y esto se ha tergiversado con la forma en que se resolvió este tema».