El Tribunal Supremo de Chile ha decidido suspender temporalmente el juicio contra 38 reclusos acusados de pertenecer a la banda criminal conocida como el Tren de Aragua, que opera en gran parte de Sudamérica. La Corte Suprema ha ordenado corregir ciertas normas para asegurar un juicio justo para los 34 venezolanos y cuatro chilenos acusados de múltiples crímenes.
El juicio oral, que comenzó en un tribunal de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, ha sido detenido después de que los abogados defensores argumentaran que se habían violado las garantías de los acusados al no proporcionar información sobre los motivos para realizar audiencias remotas y sin la presencia de todos los imputados. La suspensión se produjo poco después de que el proceso comenzara con la participación de más de 150 testigos y los 38 acusados.
Este juicio, que es único en sus características y representa un gran golpe contra el crimen organizado en el país, tendrá que reanudarse en un futuro próximo, una vez que se realice una nueva audiencia para analizar la viabilidad técnica de trasladar a los acusados al tribunal.
Los 38 acusados, incluyendo a 34 venezolanos y cuatro chilenos, enfrentan cargos individuales por una serie de delitos que incluyen secuestro, trata de personas, explotación sexual, homicidio, extorsión y tráfico de armas y drogas, entre otros. La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para 11 de ellos, mientras que para el resto se piden condenas que suman más de 200 años de prisión.
El juicio contará con la participación de más de 150 testigos y se presentarán más de 60 informes policiales, más de 140 teléfonos intervenidos y analizados, así como peritajes de armas de fuego supuestamente utilizadas por el grupo y registros contables que detallan sus finanzas.
Este es el proceso judicial más complejo de los últimos años en Chile debido al alto nivel de peligrosidad de los implicados, lo que ha llevado a la implementación de fuertes medidas de seguridad en la ciudad.
El inicio del juicio estuvo marcado por la tensión y la incertidumbre debido a las disputas legales sobre si se llevaría a cabo de forma presencial o telemática. La Corte de Apelaciones inicialmente permitió la asistencia presencial de 19 de los acusados que se encuentran en diferentes cárceles del país, pero esta decisión fue temporalmente revocada por la Corte Suprema. La posibilidad de realizar sesiones presenciales ha generado preocupación por el riesgo de fuga y posibles represalias por parte de los acusados.
El fiscal de Arica, Mario Carrera, ha asegurado que el Ministerio Público está preparado para presentar las pruebas pertinentes y que ha estado trabajando en el caso durante mucho tiempo.
Antes de la suspensión, el tribunal escuchó la lectura de los cargos contra los 38 miembros de la banda Los Gallegos, que actúa como un brazo armado del Tren de Aragua en el extremo norte de Chile, una región que está experimentando un aumento de la actividad del crimen organizado.
El Tren de Aragua es considerada la estructura criminal más grande y poderosa de Venezuela y ha logrado expandirse en el extranjero, con presencia en varios países de Sudamérica, incluyendo Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Brasil, según datos de la organización no gubernamental InSight Crime y del gobierno de Estados Unidos.