El gobierno de Chile ha enfrentado un obstáculo en sus esfuerzos por expulsar a migrantes venezolanos del país. La ministra de Interior, Carolina Tohá, confirmó que un avión con 60 migrantes no pudo despegar debido a la negativa de Venezuela de autorizar su salida y aterrizaje en su territorio.
Ante esta situación, Tohá anunció que se realizarán gestiones diplomáticas de alto nivel para resolver el problema. El gobierno chileno ha realizado diversos esfuerzos para llevar a cabo los procesos de expulsión de migrantes, pero ahora se enfrenta a esta dificultad con Venezuela.
Según el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, las personas ya estaban identificadas y detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI), y se había contratado un avión para retornarlas. Sin embargo, la ley estipula que solo se pueden retener durante cinco días, por lo que si no son expulsadas en ese plazo, deberán ser liberadas.
Monsalve también anunció nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados que delinquen en Chile. Estas incluyen autorizar a la PDI a ingresar a los domicilios para detener a quienes tienen una orden de expulsión, y reducir el plazo de apelación de 10 a 5 días.
Además, se está planificando un viaje a Venezuela antes del 15 de diciembre para establecer acuerdos con el régimen de Nicolás Maduro en esta materia. El objetivo es restablecer los diálogos diplomáticos y tener conversaciones de seguridad.
El gobierno de Gabriel Boric ha destinado un aumento de 1.400 millones de pesos para contratar vuelos comerciales y disponer de un vuelo de la Fuerza Aérea para concretar las expulsiones. Los destinos previstos son Venezuela, Colombia o República Dominicana.
El Ejecutivo tiene como meta deportar a 2.600 migrantes en 14 meses, en medio de la crisis de seguridad que afecta al país. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los homicidios aumentaron un 33,4% en 2022 en comparación con el año anterior, siendo la segunda mayor variación en América Latina después de Ecuador.
En las últimas semanas, se han registrado varios secuestros extorsivos y ataques con granadas en los que se han visto involucrados extranjeros, según las autoridades.
Desde la oposición, han advertido que si el gobierno no logra expulsar a los 12.000 migrantes con orden de expulsión antes de fin de año, presentarán una acusación constitucional contra la ministra de Interior.
Con información de El Nacional