Chile ofrece residencia y nacionalidad a los nicaragüenses apátridas

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Al menos 300 personas podrán beneficiarse del ofrecimiento del gobierno de Chile, que se suma al de España para acoger por medio de nacionalidad a los nicaragüenses expatriados por el régimen de Daniel Ortega. En la lista hay políticos, sacerdotes, activistas de derechos humanos, campesinos, estudiantes, comerciantes y periodistas

TalCual

El Gobierno de Chile ofreció, la tarde de este 21 de febrero, la nacionalidad y residencia a más de 300 nicaragüenses que fueron expulsados o despojados de su nacionalidad por el regimen de Daniel Ortega.

En un comunicado de prensa, la administración de Gabriel Boric señaló que realizan todos los trámites legales necesarios para ofrecer a estos nicaragüenses protección internacional, lo que incluye la residencia en ese país y la posibilidad de acceder a la nacionalidad chilena «según las normas constitucionales».

El pasado 9 de febrero, Daniel Ortega ordenó la expulsión a Estados Unidos de un grupo de 222 presos políticos por «traidores a la patria», incluidas siete personas que intentaron disputar la presidencia del país a Ortega el pasado año y cinco sacerdotes. A todos se les despojó de su nacionalidad por medio de una reforma constitucional exprés.

Seis días después, las autoridades de Nicaragua también despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior y Seguridad Pública, según señaló el comunicado, serán los encargados de implementar esta decisión a la cual puede acceder de forma voluntaria cualquiera de los nicaragüenses a quienes se les despojó de nacionalidad.

El ofrecimiento de Boric también se suma al de España, que en días pasados también ofreció su nacionalidad a este grupo de presos y perseguidos políticos por el régimen de Ortega.

«La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, transcienden las coyunturas políticas y forman parte de los estándares civilizatorios para la vida en sociedad», señaló el Gobierno chileno.