La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes la inhabilitación impuesta por el régimen de Nicolás Maduro contra María Corina Machado, así como la persecución política contra los adversarios en el país.
Por Monitoreamos
Mediante un comunicado sostuvieron que «el Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica.»
En este sentido se refirieron a la reciente inhabilitación por 15 años de Machado junto a otros dirigentes que aspiran a la Presidencia de la República, como Henrique Capriles y Freddy Superlano.
Este tipo de inhabilitaciones no son nuevas en Venezuela. En el 2021, en el marco de las elecciones de autoridades regionales y municipales, el Consejo Nacional Electoral rechazó 27 candidaturas debido a inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República. Dicha decisión impactó desproporcionadamente a los partidos políticos disidentes del gobierno, como es el caso del Partido Comunista de Venezuela, con 15 inhabilitaciones, y los partidos de oposición reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que recibieron al menos 3 inhabilitaciones.
La CIDH recordó que el Estado de Venezuela fue condenado internacionalmente en el caso López Mendoza por este tipo de sanciones. Al respecto, reitera que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuesta mediante una condena en el marco de un proceso penal.
De otra parte, la Comisión registró con especial preocupación la detención arbitraria de 3 sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales. Según lo informado por organizaciones de la sociedad civil, en lo que va del año, más de 20 personas trabajadoras fueron detenidas en circunstancias parecidas, siendo sometidas a regímenes de presentación periódica ante tribunales y en algunos casos imputados por delitos como «instigación al odio».