El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la inhabilitación política de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, por su papel en la agudización de la crisis de salud en el país. La medida fue anunciada el pasado domingo 10 de marzo a través de la página web del CNE, donde se detalla la prohibición de Machado para ejercer cualquier cargo o función pública durante los próximos 15 años.
Según la notificación del CNE, Machado presenta una prohibición basada en la normativa constitucional y legal vigente, sumándose así a las acusaciones previamente presentadas en su contra.
Machado, también líder nacional de Vente Venezuela, había sido previamente inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en junio de 2023. A pesar de sus intentos legales por revertir la decisión, la Sala Político Administrativa del TSJ declaró improcedente y sin lugar su querella en diciembre del año pasado.
La notificación del CNE señala que Machado está vinculada a una presunta «trama de corrupción orquestada» por el exdiputado de la Asamblea Nacional del 2015, Juan Guaidó. Según el máximo tribunal, Guaidó habría propiciado acciones que resultaron en el «bloqueo criminal» contra Venezuela y el «despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero».
Además, el gobierno de Nicolás Maduro también acusa a Machado de estar involucrada en la entrega de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., así como el «secuestro y robo» de toneladas de oro venezolano.
La lista de acusaciones también menciona que la dirigente política habría impulsado el secuestro de cuatro mil millones de dólares estadounidenses, retenidos en el sistema bancario internacional debido a su solicitud de aplicación de sanciones y bloqueos contra el gobierno. Esto, según el gobierno, habría generado daños significativos en el sistema de salud venezolano, incluyendo la imposibilidad de adquirir medicamentos esenciales como antirretrovirales para más de 60 mil pacientes de VIH-SIDA, así como vacunas para niños y adolescentes. Se estima que unas 300 mil dosis de insulina no llegaron al país debido a estas acciones.