Colectivos, que son apoyados por consejos comunales, entraron el fin de semana pasado en una finca en el sector de San Nicolás y robaron parte de las cosechas de frijol que no habían sido sacadas por la falta de combustible
Carlos Seijas Meneses / TalCual
Desde los últimos días de marzo, productores agropecuarios de municipios de vocación agrícola del estado Portuguesa han sido víctimas de robo de cosechas, quema de terrenos y de amenazas de invasiones por parte de colectivos rurales apoyados por consejos comunales.
Los dueños de dos fincas ganaderas ubicadas en el municipio Guanarito, en el sureste de la entidad, pararon su producción debido a que personas de la zona de bajos recursos, secundadas por el consejo comunal del sector, han amenazado con invadir sus propiedades donde producen carne, leche y queso, que luego distribuyen a otros municipios, principalmente a Guanare.
“Están encerrados en sus fincas para que no los invadan. Tienen miedo y no quieren hablar con la prensa”, afirma el ingeniero Carlos Terán, responsable del Movimiento Agroalimentario del partido Voluntad Popular en Portuguesa.
“Estas personas entraron a las fincas a orillas de las carreteras amenazando con invadirlas. Los dueños desde adentro protegen el perímetro para que no puedan entrar, y así tienen tres días afuera de la finca pero aún no logran entrar. No pasan porque adentro están en movimiento los dueños con sus empleados y familiares”, añade Terán, quien elevó la denuncia ante el equipo agroalimentario del presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Juan Guaidó.
Producir alimentos en Guanarito, como en el resto del país, es cada vez más cuesta arriba no solo por la inseguridad en el campo y la impunidad que gozan los colectivos rurales, también por la falta de combustibles y de insumos. En la zona un solo litro de gasolina lo revenden en un dólar, superior incluso a precios internacionales, lo que ha encarecido los precios de los pocos alimentos que siguen llegando a los mercados.
En San Nicolás, en el municipio San Genaro de Boconoíto, al sur de Portuguesa, colectivos rurales robaron el sábado 28 de marzo buena parte de una cosecha de frijol destinada al abastecimiento de la comunidad, que los dueños no habían podido sacar por la falta de combustibles. También han talado árboles de teca de una pequeña plantación que tiene la unidad de producción para uso propio y se han llevado la madera, muy apetecida.
“Estamos siendo víctimas de una invasión de hace tres días para acá. Son unos supuestos campesinos que desde hace mucho tiempo le tienen ganas a la finca porque es una superficie de tierra razonable y deseable. Se están aprovechando de esta coyuntura del coronavirus y de que no hemos podido ir con la frecuencia de siempre, por la escasez de gasolina y por la enfermedad que está padeciendo mi padre, para meterse y robar madera y parte de la cosecha que no hemos podido terminar de sacar”, denuncia Álvaro García Urriola, hijo del dueño de la finca.
Añade que los colectivos tampoco permiten que el tractorista vaya a la finca a preparar la tierra para la siembra de caña de azúcar que arranca en mayo con el ciclo de invierno. “No nos dejan entrar a preparar más tierra, que es lo más grave de toda esta situación, para el ciclo de invierno que empieza ahorita en mayo Estamos un poco atropellados con esta situación, y con el tema del combustible es horrible. Es una tragedia”.
García ha acudido al Ministerio de Ambiente para denunciar la tala y robo ilegal de madera y ha pedido audiencia con el gobernador de Portuguesa, Rafael Calles, y con un general de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), pero hasta la fecha no han respondido su solicitud.
La finca pertenece a un productor tachirense que desde hace 40 años ha generado empleos y alimentos de distintos rubros con los que ha satisfecho parte de las necesidades alimenticias de la población de San Genaro de Boconoíto. En sus tierras se siembran caña de azúcar, caraotas, frijoles, maíz, yuca y ají.
En 2002 el gobierno de Hugo Chávez le quitó 40% de la superficie original de la finca en la repartición de tierras durante la “guerra contra el latifundio”, que inició luego de que aprobó en 2001 la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, instrumento que le valió para expropiar más de cinco millones de hectáreas que producían alimentos y que hoy solo cosechan lástima.
Estos ataques a la propiedad privada agravan la difícil situación actual que atraviesan los productores agropecuarios por la falta de agroinsumos, la severa escasez de combustibles y las fuertes restricciones de movilización aplicadas por cuerpos de seguridad del Estado por la cuarentena indefinida ordenada por Nicolás Maduro para tratar de frenar la propagación del coronavirus.
El Gobierno, que pidió a los productores que mantuvieran su producción durante la contingencia para mantener el abastecimiento de alimentos básicos, no ha garantizado a ningún sector productivo del país el suministro de gasolina, lo que prácticamente ha paralizado la producción y distribución de alimentos.