El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las acciones llevadas a cabo por el gobierno venezolano para impedir la participación de miembros de la oposición en las elecciones del próximo año. En su quinto informe periódico sobre Venezuela, el comité lamenta que varios opositores políticos ya hayan sido inhabilitados para postularse como candidatos presidenciales en 2024.
Aunque el informe no menciona nombres específicos, se publica poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia suspendiera las elecciones primarias en las que María Corina Machado, líder de la oposición, resultó ganadora. El comité de la ONU citó al Tribunal Supremo, al Consejo Electoral, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República como instituciones cuyas acciones están restringiendo el espacio democrático en Venezuela.
El comité también expresó preocupación por la retirada del derecho al voto de los pueblos indígenas en Venezuela, así como por las denuncias de interferencias en el registro electoral que han afectado principalmente a jóvenes entre 18 y 35 años. Además, el informe destaca que, aunque ha habido una disminución en el número de protestas contra el gobierno a partir de 2020, estas siguen siendo reprimidas por grupos armados conocidos como colectivos, que presuntamente están financiados o tolerados por las autoridades.
El informe también señala las graves restricciones a la libertad de opinión y expresión en Venezuela, incluyendo el acoso, la intimidación y la detención arbitraria de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas críticos con el gobierno. Todo esto ocurre en un contexto en el que persisten las dudas sobre la independencia del Poder Judicial debido a los supuestos vínculos de varios jueces y magistrados con partidos políticos.
El comité también expresó preocupación por el uso persistente de la tortura y los malos tratos en centros de detención e investigación, así como por los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos atribuidos a autoridades estatales, fuerzas militares, servicios de inteligencia y los mencionados colectivos.
El informe destaca el alto índice de hacinamiento en el sistema penitenciario venezolano, así como los abusos contra la población indígena y campesina en zonas mineras como la cuenca del Orinoco, donde se han denunciado desplazamientos forzados, trata de personas y trabajo infantil.
El comité de la ONU también denuncia la corrupción generalizada en diversos ámbitos de la vida pública venezolana, así como la criminalización de activistas y funcionarios públicos que denuncian esta corrupción, siendo acusados falsamente de revelar información confidencial.