La aspiración nacional de recuperar la alternabilidad en el poder a través de elecciones pacíficas está llegando a su fin. Si el chavismo sufre una derrota electoral, es probable que se desate una ola de persecuciones, juicios y condenas. Incluso se especula que el TSJ podría anular la tarjeta de la MUD, lo que llevaría a que UNT y MPV se queden sin candidato.
Aunque la candidatura de EGU lidera las encuestas, si el oficialismo se da cuenta de que está destinado a perder y no ha negociado garantías de no persecución, podría tomar una jugada arriesgada y extrema: anular la tarjeta de la MUD. Aunque esto no debería sorprender a nadie, podría tener consecuencias internacionales, incluyendo a aliados como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el gobierno de Maduro ya ha demostrado resistencia frente al aislamiento internacional, sobreviviendo al cerco del Grupo de Lima, al desconocimiento de más de 60 países y a severas sanciones económicas.
La reacción del oficialismo ante el levantamiento de sanciones de la UE revela que no está dispuesto a negociar garantías de no persecución, ya que esto podría interpretarse como una actitud derrotista. Además, asumir una postura de perdedor antes de las elecciones del 28J sería desmoralizante para sus seguidores.
La oposición inercial argumenta que no hay que apresurarse, que todo tiene su tiempo y que EGU podría ofrecer garantías de no persecución después de su inevitable victoria sobre NM, como un gesto de grandeza. Sin embargo, esta actitud contemplativa y triunfalista puede llevar a que se enteren por la prensa de que el TSJ ha anulado la tarjeta de la MUD. Si la dirigencia de la oposición no actúa oportunamente, será responsable de perder la mejor oportunidad de recuperar la alternabilidad en el poder a través de elecciones pacíficas.
No es cierto que la victoria de EGU esté garantizada. Las elecciones no se ganan con encuestas, sino con una tarjeta unitaria, un candidato único y la organización y movilización del país descontento. Todo esto está en peligro debido a la inacción y la falta de capacidad de respuesta de la dirigencia de la oposición. Mantener a EGU en la carrera presidencial con la tarjeta de la MUD debe ser el foco de acción política de la oposición, sin descuidar la consolidación de la maquinaria electoral para defender los votos.
Por desgracia, aquellos que critican al régimen por su deriva autoritaria aún esperan un comportamiento democrático por su parte. El liderazgo político debe salir de su inercia y proponer propuestas concretas al gobierno para evitar que el TSJ anule la tarjeta de la MUD.
El candidato con una verdadera oportunidad de ganar las elecciones presidenciales del 28J debe hacer una oferta viable y creíble a NM. Sin garantías de no persecución política, el candidato oficialista no se medirá con alguien que sabe que lo derrotará. Solo si se levantan las sanciones, se detiene la persecución judicial en la CPI y se garantiza la no persecución política, el oficialismo aceptará la derrota y entregará el poder.
Esto se hará a través de una reforma constitucional que designe al expresidente como diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. Es preferible que NM se mude al Palacio Legislativo como diputado vitalicio en lugar de seguir como presidente vitalicio en el Palacio de Miraflores, para avanzar en la solución del conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder.
Un Pacto de Convivencia Pacífica con garantías de no persecución política es lo que permitirá que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones hasta el 28J, sin importar quién resulte ganador. Esto evitará acusaciones de fraude y el no reconocimiento de los resultados. Es fundamental garantizar los derechos y deberes de todos los actores en pugna, sin retaliaciones ni persecuciones.
Un Pacto de Convivencia Pacífica con garantías de no persecución debe incluir el compromiso de no anular ninguna tarjeta ni excluir a ningún candidato que esté destacando en las encuestas. Además, se deben reconocer los resultados del 28J sin importar quién resulte ganador y acordar un programa básico de reformas económicas e institucionales que se implementarán entre el 29J y el 10E para garantizar la viabilidad económica de la gobernabilidad postelectoral.
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