En los últimos años, Ecuador ha experimentado un aumento significativo en la violencia relacionada con el narcotráfico, lo que ha llevado a un incremento en los índices de homicidios. Anteriormente, el país se consideraba una isla de paz en medio de Colombia y Perú, los dos principales productores de cocaína a nivel mundial. Sin embargo, desde 2018, la situación ha cambiado drásticamente.
Uno de los eventos más impactantes fue el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien ocupaba el segundo lugar en las encuestas. Seis colombianos fueron arrestados en relación con el crimen, mientras que otro murió en un enfrentamiento con la policía. Este magnicidio ocurrió justo antes de las elecciones anticipadas en Ecuador y puso de manifiesto la creciente violencia vinculada al narcotráfico en el país.
Bajo la presidencia de Guillermo Lasso, Ecuador ha declarado la guerra al narcotráfico, pero ha tenido dificultades para frenar la violencia. Lasso ha acusado al «crimen organizado» del asesinato de Villavicencio, quien era un ex periodista conocido por denunciar casos de corrupción. Villavicencio había recibido amenazas de muerte por parte de la banda criminal conocida como Los Choneros.
Según el ministro del Interior, Juan Zapata, más de 13 organizaciones delictivas operan en Ecuador, incluyendo Los Choneros, que es considerada la más antigua y poderosa. Esta banda ha establecido una alianza con el Cartel de Sinaloa de México. Sin embargo, la inteligencia militar ha identificado hasta 26 grupos vinculados al narcotráfico en el país.
La presencia de carteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación también ha contribuido a la situación. Expertos consultados por la AFP explican que la guerra contra las drogas en México y Colombia ha llevado a estos carteles y a mafias albanesas a establecerse en Ecuador. Los puertos estratégicos en la costa del Pacífico y las fronteras porosas del país son atractivos para el narcotráfico, ya que permiten la salida de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
La corrupción estatal y la falta de control en el lavado de dinero también han facilitado la operación de los grupos criminales en Ecuador. Según Jorge Restrepo, director de un centro de estudios en Colombia, Ecuador tiene una política de lucha contra el crimen organizado que no ha logrado evitar la infiltración de estas bandas en las instituciones estatales.
El inicio de la violencia extrema se remonta al año 2018, cuando un coche bomba estalló en un cuartel policial en la frontera con Colombia. Este atentado fue realizado por un disidente de las FARC y dejó como saldo tres miembros de un equipo periodístico muertos. Desde entonces, se han registrado asesinatos de alcaldes, jueces, fiscales y civiles inocentes.
A pesar de los esfuerzos del Estado ecuatoriano por combatir el narcotráfico y realizar decomisos de droga, la situación ha empeorado. Expertos señalan que el aumento de los decomisos y las acciones estatales en las cárceles, donde muchos líderes del crimen organizado operan, ha provocado represalias y una intensificación de la violencia.
El crimen organizado en Ecuador no solo se dedica al tráfico de drogas, sino también a actividades como la extracción ilegal de oro y el tráfico de armas. Estas organizaciones criminales tienen un gran poder e influencia en el país, desafiando al Estado e infiltrándose en las instituciones.
Ecuador se encuentra en una situación preocupante, con un Estado emboscado por el crimen organizado y una economía y sociedad afectadas por esta violencia. Es necesario tomar medidas contundentes para combatir este problema y garantizar la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos.