Unos 23 estados apoyaron fuertemente al régimen de Caracas este martes, luego de que decidieran enviar a sus delegaciones diplomáticas a la juramentación de la nueva Asamblea Nacional de Nicolás Maduro que se instaló en el parlamento de Venezuela tras las elecciones fraudulentas del pasado 6 de diciembre. Entre esos países figuran latinoamericanos y caribeños, africanos y asiáticos. En ese grupo, pueden verse naciones afines ideológicamente con las que la dictadura mantiene negociados históricos.
Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Turquía, Arabia Saudita, China, Bolivia, Trinidad y Tobago, Egipto, Vietnam, Rusia, India, Bielorrusia, Dominica, Argentina, Barbados, Guinea Ecuatorial, México, Palestina, Argelia, Qatar y Abjasia, son los gobiernos que enviaron a sus embajadores, diplomáticos y encargados de negocios a la asunción de la nueva Asamblea Nacional impuesta por la dictadura a los venezolanos luego de los comicios desconocidos por las democracias más sólidas del mundo. Para algunos analistas, este apoyo convalida el golpe legislativo que el Palacio de Miraflores ejecutó a fines de 2020.
La sesión estuvo presidida por Jorge Rodríguez, el elegido por la dictadura de Maduro para comandar ese órgano legislativo. Hasta este martes, Rodríguez se desempeñaba como ministro de la Comunicación del gobierno chavista, siendo el responsable de la censura y persecución a medios y periodistas críticos. Fue el propio dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) quien agradeció a cada uno de los países que enviaron a sus diplomáticos a la sesión.
“Saludar y agradecer su presencia aquí a todos los miembros del cuerpo diplomático que se encuentran presentes en el recinto del hemiciclo parlamentario”, comenzó su listado el jerarca chavista. La mayoría de los países que decidieron apoyar hoy a Maduro no gozan de democracias plenas o sus instituciones no son del todo transparentes. Los casos de Irán, Siria, China o Cuba son algunos de los más claros ejemplos.
Ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, Canadá o los países desarrollados de Oceanía enviaron representantes. Tampoco la mayoría de las administraciones latinoamericanas quisieron apoyar el atropello institucional. Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú, se mantuvieron alejados del parlamento, sin convalidar el fraude. Bogotá, en tanto, emitió un comunicado respaldando la Asamblea Nacional de Juan Guaidó: “Colombia no reconoce legitimidad ni legalidad a los comicios fraudulentos del 6 de diciembre de 2020, en consideración a la manera antidemocrática e irregular con la que se adelantaron los mismos. Por lo tanto, tampoco reconoce a quienes resultaron ilegítimamente favorecidos para integrar un cuerpo colegiado conformado sin las mínimas garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades y justicia”.
La toma del palacio legislativo
Los más de 200 diputados chavistas electos en los comicios del pasado 6 de diciembre llegaron en grupo este martes a la sede del Parlamento venezolano, luego de realizar una breve caminata por los alrededores, para tomar posesión de sus escaños.
Cargando los cuadros del libertador Simón Bolívar y del fallecido presidente Hugo Chávez (1998-2013), los diputados entraron al hemiciclo gritando: “¡Qué viva Chávez!”. Al son de la música folclórica y vociferando “¡qué viva la patria!”, los diputados ingresaron los cuadros que habían sido sacados por la anterior directiva del Parlamento que controlaba la oposición liderada por Guaidó.
Son 277 diputados los que se instalaron hoy en el Parlamento, de los cuales 256 son chavistas. Los legisladores que asumieron funciones hoy fueron elegidos en unas elecciones tachadas de fraudulentas por parte de la comunidad internacional, así como de la oposición. Los líderes opositores tradicionales no participaron tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la que fueron intervenidos sus partidos y se impusieron nuevas directivas más dóciles para el chavismo.
Concretamente, el Supremo puso al frente de estos partidos a ex militantes que habían sido expulsados por estar supuestamente vinculados con actos de corrupción con el Gobierno.
El Parlamento elegido en 2015, controlado por la oposición y que rechaza la instalación del Legislativo ha dicho que seguirá ejerciendo funciones durante un año más.