El abogado Orlando Viera-Blanco ha presentado pruebas ante la Corte Penal Internacional (CPI) que demuestran la persecución política llevada a cabo por el gobierno de Nicolás Maduro contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, los líderes del gobierno interino y la directiva ad-hoc de Citgo.
En un video publicado en una red social, Viera-Blanco señaló que han presentado un informe a la CPI en el que alertan sobre el uso del poder judicial por parte del Estado venezolano para intimidar a los opositores, destacando el caso más reciente de la Comisión Nacional de Primaria.
El abogado recordó que el fiscal general Tarek William Saab ha realizado graves acusaciones contra funcionarios del gobierno interino, Pdvsa Ad-Hoc, Citgo y el Cuerpo Diplomático, iniciando investigaciones criminales basadas en supuestos falsos y hechos que no constituyen delito.
Viera-Blanco enfatizó que el Estado Venezolano está persiguiendo a la Comisión Nacional de Primaria, acusándolos falsamente de usurpación de funciones, suplantación de identidad, fraude y asociación para delinquir.
En sus palabras: «Hemos identificado la cadena de mando, las víctimas y el uso del proceso penal, las medidas cautelares y la cooperación internacional como parte del Control Superior Jerárquico/regimen de Caracas para criminalizar la justicia, perseguir, hostigar, acosar y humillar a disidentes políticos inocentes».
La CPI celebrará una audiencia de la Sala de Apelaciones los días 7 y 8 de noviembre para decidir si continúa o no la investigación del caso Venezuela 1. Durante esta audiencia, las víctimas podrán participar y se evaluarán estos incidentes de crímenes de lesa humanidad.
Viera-Blanco también destacó la violación del Acuerdo de Barbados por parte del gobierno de Maduro, argumentando que el régimen está utilizando artimañas procesales y criminales para convertir los derechos políticos y ciudadanos constitucionales en crimen y persecución.
En resumen, el abogado Orlando Viera-Blanco ha presentado pruebas a la CPI que demuestran la persecución política llevada a cabo por el gobierno de Maduro en Venezuela. Estas pruebas incluyen el uso del poder judicial para intimidar a los opositores y el caso específico de la Comisión Nacional de Primaria. La CPI celebrará una audiencia para decidir si continúa la investigación del caso. Además, se destaca la violación del Acuerdo de Barbados por parte del gobierno de Maduro.