En una nueva arremetida contra El Nacional el 25 de enero, el periodista José Gregorio Meza fue sacado de su casa por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Un fiscal le informó que sería interrogado por unos trabajos de investigación publicados en El Nacional. Más tarde, cuando fue liberado, el organismo se quedó con su teléfono. Se le notificó que debía volver al día siguiente, jueves 26, para nuevo interrogatorio. Cuando regresó, tal como informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, le continuaron el interrogatorio y le devolvieron el teléfono, seguramente después de haber copiado la base de datos. Escribo este artículo la mañana del viernes 27 de enero. A esta hora, no sabemos hacia dónde se dirige esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de El Nacional y sus trabajadores. Lo que sí tengo claro es que un régimen dictatorial no tolera una prensa libre que investigue y denuncie la corrupción.
Debo añadir que en la causa abierta por el Ministerio Público (MP-6626-2023) fueron citados las siguientes personas: una que ya no trabaja en El Nacional y que, mientras trabajó, ningún vínculo tenía con los contenidos; otra, que se desempeña en funciones administrativas, tampoco relacionada con lo editorial; a tres que no viven en Venezuela (yo entre ellos). Debo añadir que, en dos de los casos, al entregar las boletas de citación, los funcionarios profirieron amenazas en contra de los familiares de estos periodistas que viven en otros países.
Me preguntaba ayer un periodista cuántos ataques ha recibido El Nacional a lo largo del régimen de Chávez y Maduro. Le respondí que no soy capaz de responder a esa pregunta con precisión porque ya he perdido la cuenta. Desde junio de 1999, cuando Chávez me amenazó públicamente, por primera vez, el poder ha puesto en movimiento su poderosa maquinaria de aplastamiento de las libertades. En contra nuestra han utilizado el sistema judicial, la capacidad de sancionar en lo administrativo y el acoso tributario; han enviado colectivos a lanzar bombas o excrementos a nuestras instalaciones; en las calles, esos mismos colectivos que hoy, dirigidos por los militares, atacan las marchas de maestros o de los médicos, han golpeado, robado, detenido y amenazado a nuestros periodistas y a nuestros reporteros gráficos; el poder, una y otra vez, ha girado instrucciones a todos los organismos del Estado para prohibir el acceso a los reporteros de El Nacional a las sedes oficiales y a la información; se nos ha dificultado o impedido nuestro derecho a informar; nos expropiaron la sede, con la rotativa y otros equipos adentro, durante un asalto en el que participaron unidades militares; el bloqueo del acceso a nuestra página web, a cargo de Conatel, práctica ilegal y violatoria de una libertad elemental, la del derecho a la información, que ha sido constante desde hace no menos de cinco años. Y hay más. A todo lo anterior hay que añadir las persecuciones judiciales que han empujado al exilio a periodistas, editores y miembros del Consejo Editorial, sin la mediación de delito alguno, sin pruebas, sin procesos judiciales justos, sin permitirnos un verdadero derecho a la defensa. Estas razones explican por qué todos los miembros de nuestra unidad de investigación viven fuera de Venezuela.
¿Qué explica este particular ataque del 25 de enero de 2023 a trabajadores, extrabajadores y a mí, que vivo exiliado en España? En un plano general, lo explica la aversión congénita que la dictadura tiene hacia la libertad de expresión y hacia el libre ejercicio del periodismo. En un plano específico, el odio sistémico que el régimen tiene hacia El Nacional y todo aquello que lo representa. Pero en el plano coyuntural, hasta donde sabemos, este ataque, a diferencia de muchos otros, no proviene de las esferas bajo el control de Diosdado Cabello o de Tareck el Aissami: proviene de Miraflores, de “la famiglia” más poderosa, del clan que encabeza “la cosa nostra” venezolana.
Lo consignaré aquí por si el lector no lo sabe o no lo recuerda: el 23 de julio de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionó a Santiago José Morón Hernández y a Ricardo José Morón Hernández por el apoyo que han brindado a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, en sus prácticas de corrupción. En el comunicado de prensa distribuido por esa entidad, disponible en su página web, se lee: “Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para realizar negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes empresas para realizar transacciones”. En otras palabras, son lo que, en riguroso uso de la lengua española, se denomina “testaferros”.
A comienzos de este mismo enero, el equipo de investigación de El Nacional publicó tres reportajes en secuencia: el primero de ellos, el 10 de enero, titulado “Los hermanos Morón, de testaferros de Nicolás Maduro Guerra a fantasmas digitales”; el segundo, el 11 de enero, “Los ‘homónimos’ de paja de los hermanos Morón y las relaciones con Nicolás Maduro Guerra”; y el tercero, el 12 de enero, “Minería ecológica, fantasmas, testaferros y los hermanos Morón”. Los tres materiales aportan datos y ponen en primer plano a unos señores que hicieron costosos esfuerzos por desaparecer en la red, para escapar de la vigilancia de la opinión pública. Paradójicamente, la injustificada e ilegal acción del régimen en contra de El Nacional ha tenido un efecto búmeran: quienes no sabían quiénes son los hermanos Morón Hernández y qué relación tienen con Nicolás Maduro Guerra, miembro fundamental de “la famiglia”, ya lo saben. El ataque ha servido para que en las instancias correspondientes de la Comunidad Europea se evalúe sancionarlos, tal como ocurrió en Estados Unidos.
Pero tengo varias respuestas más que dar a las muchas personas que me han preguntado por las consecuencias de esta acción. Lo primero es repetir lo que ya señalé en una declaración que ha sido replicada en decenas de medios en todo el mundo: continuaremos con nuestro trabajo. Las investigaciones seguirán adelante. Lo segundo: este nuevo ataque en contra de El Nacional y sus trabajadores (¡y hasta contra extrabajadores!) ratifica la práctica de sistematicidad, añade otra prueba más al cada día más voluminoso expediente que las víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro han consignado y continuarán consignando ante la Corte Penal Internacional. Y lo tercero: ya comenzamos a enviar, a miles de personas en Venezuela, vía correo electrónico, los tres reportajes sobre los hermanos Morón Hernández y su líder, Maduro Guerra.
Dicho todo esto, quiero llamar la atención sobre la carta que Yris Medina y Liliana Ortega Mendoza, de Cofavic, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha enviado a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ahora mismo de visita en Venezuela. Se trata de un documento que los lectores deben buscar en su página web y leerlo con la mayor atención. Hay allí cifras y una revisión del estado de los derechos humanos que no puede ni debe obviarse, que debe ser divulgado dentro y fuera del país, y que pone de manifiesto, con la disciplina que ha caracterizado siempre a esa organización, que nuestro país no se ha arreglado sino que las cosas están cada día peores. Cofavic pone de bulto, no solo las graves amenazas que se han levantado en contra de todas las ONG, sino, en un sentido amplio e ilimitado, sobre las libertades de las personas y las organizaciones.
Termino este artículo con un párrafo copiado de la mencionada carta: “Todo lo precedente confirma que en Venezuela enfrentamos una grave crisis de derechos humanos, cuyas razones estructurales no solo se mantienen, sino que se han profundizado. Así fue señalado en informes y declaraciones de la Fact Finding Mission de la ONU para Venezuela, así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, según las cuales existen motivos razonables para afirmar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país”.