El 19 de febrero, se confirmó en sede de casación la condena de 6 años y 8 meses contra María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y antigua colaboradora del actual presidente Gustavo Petro durante su mandato como alcalde de Bogotá.
La decisión fue tomada por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que revisó un recurso de casación presentado por la exfuncionaria de Petro en relación a una condena por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, debido a su participación en el caso de la máquina conocida como «tapahuecos», la cual fue utilizada por la administración del entonces alcalde Petro para reparar 220.000 huecos en las vías de la capital.
En un comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia, se destaca que no existía justificación para seleccionar directamente al contratista, ya que no se trataba de una transferencia tecnológica. Además, se señala que considerar cualquier método o proceso tecnológico como transferencia de tecnología sin tener en cuenta los principios de transparencia y selección objetiva sería absurdo y contrario a la garantía de imparcialidad en la selección del contratista.
La historia de la máquina «tapahuecos» se remonta a la firma de un contrato por más de 11.000 millones de pesos en diciembre de 2013, el cual fue camuflado como un contrato de ciencia y tecnología cuando en realidad su objetivo era el mantenimiento de la malla vial. Según la investigación, este contrato fue adjudicado por Gómez Sánchez sin cumplir los requisitos legales que exigían una licitación pública.
La condena contra Gómez Sánchez fue dictada por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el 25 de septiembre de 2018, y posteriormente fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 26 de febrero de 2020. Sin embargo, la Corte Suprema revocó la inhabilidad intemporal impuesta a la exdirectora de la UMV, ya que consideró que esta sanción no era aplicable debido a la falta de afectación al patrimonio público.
El caso de las máquinas «tapahuecos» también estuvo rodeado de polémica debido a los problemas que surgieron con las reparaciones realizadas. A pesar de que se celebró el primer cierre de un hueco con la máquina en presencia del alcalde Petro, días después se presentaron nuevas averías en el mismo lugar, lo que obligó al contratista a rehacer la mezcla asfáltica para que cumpliera con los requisitos necesarios.
En junio de 2014, el gerente de la empresa encargada del contrato afirmó que no estaba preocupado por los retrasos, ya que tenía experiencia en otras ciudades. Sin embargo, el director de la Unidad de Mantenimiento Vial informó en diciembre de 2015 que solo se había cumplido el 80% de la meta establecida de metros cúbicos de asfalto. Además, más de 700 huecos que fueron tapados con la máquina no fueron pagados debido a problemas de calidad.
En septiembre de 2018, EL TIEMPO consultó a la UMV sobre el cumplimiento de las metas y se informó que las máquinas «tapahuecos» solo habían reparado 39.600 hundimientos en tres años, a pesar de que se había comprometido a reparar 220.000. Según voceros de la entidad, la máquina no funcionaba correctamente y solo el 10% de los huecos intervenidos tuvieron que ser reparados nuevamente.
En resumen, María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial y colaboradora de Gustavo Petro, fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión por su participación en el caso de las máquinas «tapahuecos». La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pero revocó la inhabilidad intemporal impuesta a la exfuncionaria. El caso de las máquinas «tapahuecos» estuvo marcado por problemas en las reparaciones y falta de cumplimiento de metas.