De acuerdo con la Corte de Delaware, el gobierno de Guaidó usó recursos de PDVSA para financiarse, pagar sus gastos legales, y obligó a PDVSA a aceptar sus términos de refinanciamiento. Estas decisiones causaron pérdidas a la nación por $19 millardos.

De acuerdo con la Corte de Delaware, el gobierno de Guaidó usó recursos de PDVSA para financiarse, pagar sus gastos legales, y obligó a PDVSA a aceptar sus términos de refinanciamiento. Estas decisiones causaron pérdidas a la nación por $19 millardos. pic.twitter.com/uJARzp2WYo

— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) October 4, 2023

Parte del expediente asegura que «El Gobierno de Guaidó ha accedido a los activos de las filiales estadounidenses de PDVSA en Estados Unidos y los ha utilizado para financiarse, eludiendo cualquier derecho que PDVSA pudiera haber tenido sobre los dividendos corporativos. El gobierno de Guaidó también ha utilizado activos de PDVSA para financiar la defensa legal de Venezuela. En ocasiones, PDVSA ha comenzado, para luego detenerse, pagar sus deudas a cargo de Venezuela».

¿Por qué Venezuela perdió a Citgo?

“Maduro y la oposición podrían haber acordado una estrategia conjunta para negociar con los acreedores y salvaguardar a Citgo. Por el contrario, utilizaron su control sobre los activos de la nación para su beneficio político y personal, llevando a Venezuela a perder una importante fuente de ingresos que necesitaba para abordar su emergencia económica y humanitaria. Una vez más, los venezolanos tendrán que pagar la factura causada por el destructivo conflicto político del país”.

Un tribunal de Delaware pronto iniciará una subasta para Citgo Petroleum, la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos. Salvo un improbable acuerdo de último minuto, la empresa será rematada para pagar deudas impagas de su propietario, el gobierno venezolano.

Venezuela sufre los efectos de haber atravesado la mayor contracción económica en la historia moderna del hemisferio occidental. Citgo, cuyas refinerías están diseñadas para procesar el petróleo venezolano, podría desempeñar un papel importante en la recuperación económica del país. El valor de mercado de la empresa es aproximadamente una séptima parte del producto interno bruto del país y sus ganancias anuales son mayores que la cantidad que Venezuela gasta en importaciones de alimentos en un año.

Dado el tamaño de Citgo y su potencial para ayudar a Venezuela a salir de la crisis, uno esperaría que los líderes del país hicieran todo lo posible para evitar perderla… ¿cierto? Lamentablemente, no es así. Después de todo, estamos hablando de políticos venezolanos. En lugar de intentar detener la venta de Citgo, las facciones políticas que hoy se enfrentan por el poder en el país prefieren dedicar sus energías a culparse mutuamente por la pérdida inminente de la empresa. Escuche a Nicolás Maduro y oirá que la venta de Citgo es un complot poco disimulado de políticos estadounidenses (y una servil oposición venezolana)  para despojar de sus activos al país y entregárselos a intereses corporativos estadounidenses. La oposición, en respuesta, dice que la pérdida de Citgo ha sido inevitable durante años, debido a la acumulación de deudas impagables por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Es cierto que los gobiernos de Chávez y Maduro asumieron irresponsablemente altos niveles de deuda cuando deberían haber estado ahorrando ingresos de un auge petrolero sin precedentes”

Ambas interpretaciones son incorrectas. No hay fundamento para alegar, como afirma Maduro, que el proceso de venta esté dirigido por la Casa Blanca para beneficiar los intereses corporativos estadounidenses. De hecho, el juez que supervisa la venta ha reprendido varias veces al gobierno estadounidense, incluso argumentando que el Departamento del Tesoro carece de experiencia suficiente para interpretar sus propias regulaciones. En lugar de beneficiar a un comprador en particular, el tribunal ha tenido especial cuidado en diseñar un proceso de subasta transparente destinado a compensar equitativamente a los acreedores, muchos de los cuales no tienen su sede en Estados Unidos.

Sin embargo, la narrativa de la que se sirve la oposición también omite algunos detalles cruciales. Sí, es cierto que los gobiernos de Chávez y Maduro asumieron irresponsablemente altos niveles de deuda cuando deberían haber estado ahorrando ingresos de un auge petrolero sin precedentes. Pero muchos gobiernos de todo el mundo acumulan niveles excesivos de deuda. Casi ninguno de ellos pierde sus activos como resultado del cobro de esas deudas.

Una de las razones por las que los países en impago rara vez pierden el control sobre sus activos externos es que existen importantes salvaguardas legales que dificultan que los acreedores los embarguen. (¿Recuerdan la fragata argentina incautada brevemente por Elliott Management en Ghana? Está de vuelta navegando por el mundo bajo su bandera argentina). Cuando los gobiernos se muestran incapaces de pagar sus deudas, normalmente acuerdan un plan de reestructuración con los acreedores. La abrumadora mayoría de los acreedores consideran que les conviene llegar a un acuerdo que reduzca la carga agregada de la deuda a un nivel sostenible. Rara vez optan por entrar en el tortuoso, costoso e incierto mundo de los litigios.

Entonces, ¿por qué los acreedores no se sentaron con Maduro para negociar tal acuerdo? La respuesta es que Estados Unidos les prohibió hacerlo mediante una orden ejecutiva de agosto de 2017 que sigue vigente. Luego, en enero de 2019, Estados Unidos entregó el control de los activos de Venezuela en el extranjero a la oposición venezolana. Esto significaba que, desde un punto de vista legal, sólo la oposición podía reestructurar la deuda externa del país. Por supuesto, dada su falta de control sobre los ingresos petroleros del país, esta capacidad era irrelevante.

Incluso después de estas decisiones, no estaba nada claro que los acreedores pudieran apoderarse de Citgo. Claro, Venezuela debía alrededor de 150 mil millones de dólares en deuda externa, pero a principios de 2019 sólo una pequeña fracción de eso (3,4 mil millones de dólares, para ser precisos) estaba vinculada a instrumentos que otorgaban a sus dueños un derecho legal firme para apoderarse de acciones de Citgo. Hay una gran diferencia entre ser un acreedor de deuda no garantizada de Venezuela y tener un derecho sobre Citgo. Para empezar, Citgo es propiedad de un holding que pertenece a PDVSA, una entidad con personalidad jurídica propia y distinta del Gobierno de Venezuela. El principio de responsabilidad limitada, fundamento de la legislación financiera moderna, establece que los activos y pasivos de una empresa son distintos de los de su propietario. No se pueden perseguir los activos de una empresa para cobrar la deuda de su propietario de la misma forma en que no se pueden perseguir los activos personales de alguien para cobrar las deudas de su empresa.

Ahora, veamos qué pasó con ese número. En los últimos cuatro años -bajo la supervisión del gobierno interino liderado por la oposición- los pasivos adeudados a los acreedores con derecho legal a embargar acciones de Citgo se multiplicaron de 3.400 millones de dólares a 23.600 millones de dólares:

Pasivos de acreedores con derecho legal a embargar acciones de Citgo

La cifra de 2019 era lo suficientemente pequeña como para que Venezuela pudiera pagarla, incluso con sus mermados ingresos petroleros del momento (de hecho, eso es exactamente lo que estaba haciendo Maduro hasta que las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos fueron transferidas a Guaidó). La cifra de 2023 es casi el doble del valor de mercado estimado de Citgo y, por lo tanto, esencialmente impagable en las condiciones actuales.

¿Por qué estas deudas crecieron tan rápidamente? La respuesta es que varios acreedores lograron argumentar con éxito que el gobierno venezolano estaba utilizando a Citgo para sus propios fines. En jerga legal, demostraron que PDVSA era un alter ego (literalmente, “otro yo”) de Venezuela. Al establecerse esta equivalencia, la responsabilidad limitada se vuelve irrelevante y el acreedor obtiene rienda suelta para reclamar los activos de una empresa propiedad del deudor. De los 24 mil millones de dólares en pasivos mostrados anteriormente, 19 mil millones de dólares tienen su origen directamente en esta decisión.

Lo más sorprendente de la decisión del Tribunal de Delaware sobre alter ego tomada en marzo de este año es que no tuvo nada que ver con Maduro. Al contrario, se basó en la conclusión de que el gobierno interino liderado por la oposición había utilizado a Citgo como su instrumento. (La decisión fue confirmada recientemente en apelación por la Corte del Tercer Circuito).

La opinión de 61 páginas del juez Leonard Stark se lee como una lista de lo que se supone que no debe hacer un deudor que quiera evitar que los acreedores se apoderen de sus activos:

“El Gobierno de Guaidó ha accedido a los activos de las filiales estadounidenses de PDVSA en Estados Unidos y los ha utilizado para financiarse, eludiendo cualquier derecho que PDVSA pudiera haber tenido sobre los dividendos corporativos. El Gobierno de Guaidó también ha utilizado activos de PDVSA para financiar la defensa legal de Venezuela…  PDVSA ha iniciado, para luego detener, el pago de sus deudas bajo la dirección de Venezuela. El presidente Guaidó anunció que tiene la intención de tratar de la misma manera las deudas de Venezuela y las de PDVSA en una eventual reestructuración de la deuda”.

Detengámonos en este último punto un momento. En julio de 2019, el gobierno interino publicó un conjunto de directrices para la renegociación de la deuda externa del país que exigía lo siguiente:

“… no se dará un trato diferente a las reclamaciones en moneda extranjera en consideración a su origen…, a su naturaleza o el domicilio del reclamante y/o la identidad del deudor del sector público”.

¿En serio?, ¿el gobierno interino de Venezuela estaba afirmando que pagaría a un acreedor que poseía una obligación regida por la ley de Nueva York y que tenía una sentencia firme de un tribunal estadounidense en los mismos términos en los que pagaría a un contratista de PDVSA cuyos reclamos sólo eran teóricamente ejecutables en tribunales venezolanos?, ¿se estaba comprometiendo a pagar a los propietarios de bonos de PDVSA en las mismas condiciones que los bonos de Venezuela, a pesar de que estos últimos se cotizaban con una prima del 25% respecto de los primeros al momento del anuncio?, ¿y lo estaba haciendo a plena vista del mundo entero, sin siquiera haber consultado la decisión con el directorio de PDVSA, proporcionando de esta manera evidencia que esencialmente demostraba el alegato de los acreedores de que no había ninguna distinción entre PDVSA ad hoc y el gobierno interino?

Estas decisiones parecían difíciles de entender en ese momento, y todavía lo son. Poco después de su publicación, escribí que:

“… la única manera en que se puede esperar que Venezuela tenga éxito en respetar el principio de igualdad de trato es si los acreedores no logran hacer cumplir sus reclamos en los tribunales internacionales”.

Aún no está claro por qué el gobierno interino tomó decisiones tan claramente perjudiciales para la nación. Debería preocuparnos conocer que una de las empresas que se benefició materialmente del fallo de Delaware también había empleado anteriormente al funcionario responsable de muchas de estas decisiones. La existencia de graves y serios conflictos de intereses de esta magnitud ameritaría, como mínimo, la apertura de una investigación exhaustiva y transparente. Lamentablemente, hasta la fecha el liderazgo opositor ha mantenido un silencio ensordecedor en torno a este tema.

Durante años, los venezolanos han puesto sus esperanzas en la posibilidad de que un cambio democrático logre poner fin a la corrupción y los abusos del régimen de Maduro. Lamentablemente, en muchos casos en los que la oposición ha administrado fondos, han surgido acusaciones de mala gestión, corrupción y favoritismo. No es sorprendente que sean justamente outsiders políticos que no desempeñaron ningún papel en el gobierno interino los que hoy encabezan los sondeos de opinión para las próximas elecciones presidenciales. Maduro y la oposición podrían haber acordado una estrategia conjunta para negociar con los acreedores y salvaguardar a Citgo. Por el contrario, utilizaron su control sobre los activos de la nación para su beneficio político y personal, llevando a Venezuela a perder una importante fuente de ingresos que necesitaba para abordar su emergencia económica y humanitaria. Una vez más, los venezolanos tendrán que pagar la factura causada por el destructivo conflicto político del país.

Con información de La Gran Aldea