Fracasa la estrategia de «legalismo autocrático» utilizada por el chavismo ante la CPI.
Con Informacion de La Gran Aldea
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), en sentencia de 1 de marzo de 2024, acordó que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, durante el Gobierno de Nicolás Maduro, debe continuar.
Esta decisión confirma que el Gobierno de Venezuela no ha conducido investigaciones genuinas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos, lo que reitera que el sistema judicial en Venezuela no solo es inefectivo, sino que es un simple instrumento político.
Quizás lo más importante de esta decisión -que reitera la decisión de la Fiscalía y de la Sala de Cuestiones Preliminares– es que pone en evidencia el fraude que el Gobierno de Venezuela realiza al simular investigaciones criminales amparadas en leyes que protegen el debido proceso. Tras la apariencia de legalismo, queda en evidencia la esencia autocrática del régimen.
El Estatuto de Roma y principio de complementariedad
La CPI no es, simplemente, un tribunal penal internacional. En realidad, las CPI es parte de un sistema regulado en el Estatuto de Roma, cuyo principal objeto es prevenir crímenes de lesa humanidad.
En efecto, la CPI actúa como tribunal penal en el Derecho Internacional, según el artículo 1 del Estatuto. Pero el sistema previsto en ese Estatuto, y que incluye a la Fiscalía, a la Sala de Cuestiones Preliminares y a la Sala de Apelaciones, cumple un fin mucho más complejo, cual es elevar los costos de represión y así, crear incentivos no solo para impedir graves crímenes de lesa humanidad, sino además, incentivos para que los Estados cesen en la comisión de esos crímenes e incluso, inicien investigaciones, todo lo cual supone romper los esquemas perversos de gobernanza que, en su momento, permitieron cometer graves crímenes.
Aun cuando sea obvio, debe recordarse que los crímenes de lesa humanidad previstos en el artículo 5 del Estatuto no pueden cometerse en un sistema democrático, sino en regímenes no-democráticos. Por ello, los incentivos que el Estatuto crea para que el Estado investigue esos crímenes, son también incentivos hacia la transición democrática, y el cese de la élite dominante que, para mantenerse en el poder, optó por cometer graves crímenes.
Estos incentivos explican el principio de complementariedad, y que es fundamental para entender la decisión dictada hoy. Este principio se enuncia en el artículo 1 del Estatuto: la Corte tiene “carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”. Esto implica que si el sistema de justicia de Venezuela adelanta investigaciones genuinas sobre los presuntos crímenes cometidos, entonces, las instituciones regidas por el Estatuto pueden optar por no avanzar en ningún proceso. El principio de complementariedad, incluso, puede conducir a inadmitir asuntos ante la CPI, si Venezuela está dispuesta a llevar a cabo investigaciones sobre los hechos, en el marco de principios universales del debido proceso (artículo 17). Además, este principio justifica suspender las investigaciones por la Fiscalía de la CPI (artículo 18.2).
Analizando el sistema de la CPI desde la teoría de juegos -o sea, tomando en cuenta los incentivos que el Estatuto genera en los actores políticos responsables de graves crímenes- puede entonces concluirse que las investigaciones enmarcadas en el Estatuto generan incentivos no solo para cesar en las graves violaciones a derechos humanos, sino además, para restablecer la autonomía del sistema de justicia. Por ello, como expliqué en su momento, la decisión de la Fiscalía de anunciar el inicio de una investigación preliminar, el 8 de febrero de 2018, fue una buena noticia, pues ello generaba incentivos para restaurar el sistema de justicia venezolano.
La estrategia de Nicolás Maduro: el legalismo autocrático
Los incentivos pueden también generar consecuencias adversas. Si usted es un gobernante autocrático que ha cometido graves crímenes para mantenerse en el poder, y quiere evitar cualquier investigación ante la CPI, entonces, su mejor estrategia es simular que el sistema de justicia está investigando algunos crímenes.
Esa fue, precisamente, la estrategia del Gobierno de Maduro. Esto explica por qué se adoptó una frenética reforma de las leyes procesales penales, adoptando modernos estándares de derechos humanos, y esto explica por qué la Fiscalía General comenzó a anunciar diversos procesos penales por presuntos crímenes cometidos, en especial, desde 2017. Se trató, sin duda, de una muy ambiciosa puesta en escena para aparentar investigaciones penales y así justificar que, bajo el principio de complementariedad, el sistema de la CPI no podía actuar.
La estrategia, como era de esperar, fracasó. Así, el 4 de noviembre de 2021 la Fiscalía inició una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Maduro. Rápidamente, el Gobierno de Venezuela comenzó a aprobar leyes y a anunciar investigaciones, para solicitar -como hizo el 21 de abril de 2022- que existían investigaciones adelantadas por el sistema de justicia venezolano. La Fiscalía acordó suspender la investigación, en espera de los resultados de los procesos conducidos en Venezuela.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares reiniciar la investigación pues, en resumen, todas las reformas de las leyes penales y las investigaciones anunciadas por el Gobierno de Venezuela no demostraban el compromiso genuino de investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con los principios universales del debido proceso. El Gobierno de Venezuela objetó esa decisión, invocando que el sistema de justicia sí estaba adelantando investigaciones genuinas.
La Sala de Cuestiones Preliminares decidió en contra en sentencia de 27 de junio de 2023. La sentencia demostró que, más allá de las apariencias, las investigaciones anunciadas por el sistema de justicia venezolano no se decidían o, en todo caso, no tenían por objeto graves crímenes de lesa humanidad. De hecho, Venezuela reconoció -implícitamente- que ninguna de esas supuestas investigaciones versan sobre crímenes de lesa humanidad.
El régimen de Maduro apeló esa sentencia ante la Sala de Apelaciones, que en sentencia dictada el día hoy, ratificó que la investigación sobre Venezuela debe continuar, pues el Gobierno de Venezuela no ha iniciado investigaciones penales genuinas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad.
La derrota del legalismo autocrático
Hay un dicho castellano que reza: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Una de las lecciones que está dejando el retroceso democrático del siglo XXI, es que los regímenes autoritarios presumen ser legales y constitucionales, cuando precisamente no son ni lo uno ni lo otro. Esto es lo que se conoce como legalismo autocrático, una frase acuñada por el profesor Javier Corrales en referencia al caso de Venezuela. La Constitución y las Leyes se usan para simular conductas autoritarias y violatorias de derechos humanos.
El régimen de Maduro -como antes hizo el Gobierno de Chávez- se esconde tras la Constitución para violar la Constitución. Mientras más se invoca el texto de 1999, más se viola. Esas violaciones, además, se revisten pomposamente de formas constitucionales: sentencias de la Sala Constitucional, decretos, leyes y hasta de una Asamblea Nacional Constituyente. El régimen presume ser constitucional, pues precisamente, no tiene ninguna legitimidad constitucional.
El juego del legalismo autocrático funcionó por mucho tiempo. Pero como dijo Abraham Lincoln, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Por eso, el ya desgastado juego del legalismo autocrático no ha servido ante cortes internacionales que, con independencia de criterio, juzgan el proceder del régimen de Maduro.
Frente a la investigación iniciada en 2021, el régimen de Maduro decidió jugar al legalismo autocrático, o sea, intentó engañar a la Fiscalía, a la Sala de Cuestiones Preliminares y a la Sala de Apelaciones, con reformas legislativas y anuncios formales de investigaciones criminales que, en el fondo, eran completamente ineficientes.
El pequeño-gran detalle que el régimen de Maduro y sus asesores legales no tomaron en cuenta, es que no bastaba con aparentar iniciar investigaciones criminales. En especial, pues los crímenes de lesa humanidad exigen investigar no solo la ejecución del delito -torturas, desapariciones forzosas, asesinatos- sino, además, la línea de mando bajo la cual esos crímenes se cometen. El régimen de Maduro, como el mago que saca la liebre del sombrero, quiso desviar la atención hacia investigaciones aisladas de la ejecución de ciertos delitos, pero sin ampliar la investigación a la cadena de mando.
Ese fue el gran error de la estrategia legal. Para que el principio de complementariedad aplique, Venezuela tiene que investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, incluyendo la cadena de mando. Pero como los investigadores no pueden investigarse a sí mismos, entonces, se optó por simular procesos penales que, en realidad, son inefectivos. Así lo reiteró la Sala de Apelaciones, al insistir que Venezuela no está investigando presuntos crímenes de lesa humanidad.
El juego del legalismo autocrático, al menos en la CPI, se acabó. Y ello es una gran victoria para la defensa universal de los derechos humanos y para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
¿Y ahora qué?
El régimen de Maduro parece estar en estado de negación con el proceso conducido ante la CPI, como lo evidencia el intento de simular procesos penales y la continua violación sistemática de derechos humanos, en especial, la desaparición forzosa y detención arbitraria de Rocío San Miguel.
Ese juego del legalismo autocrático también puede apreciarse en el “acuerdo nacional” del 28 de febrero y que pretende simular garantías electorales. En un documento de 10 páginas, la palabra “Constitución” se menciona 9 veces. Este es el signo del legalismo autocrático.
La sentencia de la Corte de Apelaciones debería cambiar la manera en la cual se percibe el caso ante la CPI, en especial, considerando que la investigación se circunscribe a un conjunto muy limitado de funcionarios del régimen de Maduro. La carta del legalismo autocrático se jugó, y se perdió la partida. Ya no tiene sentido seguir simulando procesos penales justos y garantías que solo existen en el papel.
Así que ya es tiempo de tomarse en serio el proceso ante la CPI, frente al cual no habrá escapatoria, por más que insista en el desgastado argumento del legalismo autocrático. Ello coloca, como primer punto de atención, la importancia de abordar un tema que ha quedado, lamentablemente, rezagado: la necesidad de un sistema de justicia transicional en Venezuela, centrado en las víctimas.