Gobierno de Maduro detuvo a más de 15.800 personas en los últimos 9 años

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Según un informe reciente del Foro Penal, desde 2014 hasta 2023 el gobierno de Nicolás Maduro ha detenido a un total de 15.812 personas en Venezuela por motivos políticos. Estos datos evidencian la persistente represión y persecución contra aquellos que se oponen al régimen socialista o discrepan de sus políticas.

Durante 2023, se ha observado un marcado incremento en el número de arrestos políticos, con un total de 20 personas detenidas. Los meses de enero y febrero han registrado la mayor incidencia de detenciones, según señala un resumen ejecutivo publicado por la organización.

Este aumento refleja una intensificación de la represión por parte de las autoridades venezolanas contra la disidencia política. La situación de los presos políticos en el país es especialmente preocupante, ya que al cierre de 2023, el Foro Penal registró un total de 257 presos políticos, más de la mitad de los cuales eran funcionarios militares. Esto sugiere un uso del sistema judicial como una herramienta para silenciar a aquellos que critican al gobierno o participan en actividades opositoras.

Las recientes excarcelaciones, incluyendo la liberación de presos políticos venezolanos y ciudadanos estadounidenses, evidencian una dinámica compleja de negociación política entre el gobierno de Maduro y otras naciones, como Estados Unidos. Si bien estas liberaciones representan un alivio para los afectados y sus familias, también resaltan la volatilidad y la opacidad de los procesos políticos en Venezuela.

Organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han emitido informes contundentes en sus conclusiones. Estos informes denuncian los patrones sistemáticos de detención arbitraria y la violación generalizada de los derechos humanos en el país. Además, instan al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas urgentes para poner fin a estas prácticas y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.