La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado que el próximo 1 de marzo se pronunciará sobre la apelación presentada por el gobierno de Venezuela en relación a la continuación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
La sentencia será emitida en una audiencia pública que se llevará a cabo en La Haya, con la presencia de representantes de la Fiscalía de la CPI, del gobierno venezolano y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV). Este anuncio se produce después de que el gobierno de Nicolás Maduro decidiera suspender las actividades en Venezuela de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, alegando una supuesta parcialidad por parte de esta institución.
El año pasado, el gobierno venezolano presentó una apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Entre los argumentos presentados por el gobierno de Maduro se encuentra la afirmación de que el Estado no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos según el Estatuto de Roma.
Además, el gobierno venezolano alega que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI cometió errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma, incluyendo la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la eficacia del sistema de justicia venezolano.
La decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI será crucial para determinar si la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa o se detiene. Este anuncio se produce en medio de denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre una escalada de la represión contra la disidencia en el país.
La Sala de Apelaciones de la CPI está compuesta por los jueces Marc Perrin de Brichambaut, Piotr Hofmnski, Luz del Carmen Ibánez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze.