El informe anual de la red global GNAFC, que cuenta con el apoyo de diversas agencias de la ONU, estimó la gravedad de la situación en un reducido grupo de naciones en las que pudo acceder a información fidedigna. Inquietud por el caso venezolano
La Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC), en colaboración con distintas agencias de las Naciones Unidas, presentó este miércoles su informe anual sobre el hambre en el mundo. El balance a nivel global es desolador: 155 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria debido a las crisis alimentarias que afectaron a 55 países en 2020. Son unas 20 millones de personas más que en 2019.
Los episodios de escasez alimentaria “empeoraron en magnitud y gravedad” y “exacerbaron las fragilidades preexistentes” durante el último año, a causa de “conflictos prolongados, las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19 y los fenómenos meteorológicos extremos”, sostiene la GNAFC en el informe.
El panorama es especialmente alarmante en América Latina. De acuerdo con la Red, la inseguridad alimentaria aguda aumentó significativamente en la región en 2020, con al menos 11,8 millones de personas en situación crítica o peor, frente a 8,1 millones en 2019. Lo más grave es que este no es el resultado de un análisis sobre todos los países, sino sobre apenas un grupo de cinco en los que la GNAFC consiguió datos precisos: Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Es decir que si se considerara la totalidad de los países de la región serían varios millones los afectados por crisis alimentarias.
La intención de la organización era realizar un estudio exhaustivo sobre 11 naciones latinoamericanas. Pero Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela fueron dejados de lado por diversas dificultades vinculadas a la recolección de datos. Eso no le impidió a la GNAFC aportar algunas evidencias valiosas e inquietantes sobre la crisis venezolana.
Entre los cinco incluidos en el análisis, el caso más crítico es sin dudas el de Haití, que en 2020 atravesó una de las diez peores crisis alimentarias mundiales, con alrededor de 4,1 millones de personas en situación crítica, lo que representa el 40% de la población analizada. Es un aumento de cinco puntos porcentuales respecto de 2019.
En un segundo escalón están los otros cuatro. En Guatemala, más de 3,7 millones de personas se encuentran en estado crítico, de las cuales casi 428.000 están directamente en emergencia. En Honduras, son alrededor de 2,9 millones de personas en crisis y 614.000 en emergencia. En El Salvador, 684.000 y 95.000, respectivamente. Y en Nicaragua, 400.000 en situación crítica.
Causas y consecuencias
Los años de sequía consecutiva, la pobreza endémica y el deterioro del entorno de seguridad han provocado una de las mayores crisis migratorias del mundo. Las restricciones por la pandemia habían frenado el éxodo hacia el norte en la primera mitad de 2020. Pero cerca de 470.000 guatemaltecos, salvadoreños y hondureños salieron a buscar refugio en el extranjero a partir de julio de 2020.
Es que a los factores estructurales que explican el hambre en la región se sumaron la pandemia y los desastres naturales. Las tormentas tropicales, los huracanes y las inundaciones contribuyeron a un aumento precipitado de la inseguridad alimentaria aguda en América Central y, en menor medida, en el Caribe, empezando por la llegada de las tormentas Amanda y Cristóbal en mayo y junio. En Haití, la tormenta tropical Laura provocó en agosto pérdidas en la producción agrícola y ganadera.
Luego, en noviembre, dos huracanes de categoría 4, Eta e Iota, afectaron a más de 8 millones de personas en toda América Central. En Guatemala se dañaron más de 137 millones de hectáreas de cultivos y se produjeron daños económicos por un valor de más de USD 115 millones. En Honduras se estima que se perdieron 569.220 hectáreas, lo que equivale al 70% de la superficie cultivada antes de las tormentas.
Estos factores coyunturales se sumaron a estructuras económicas muy pobres, sin capacidad de generar lo suficiente para alimentar a toda la población. Haití es un ejemplo extremo. En 2019, se enfrentó a una disminución significativa del turismo y de las inversiones extranjeras directas, y al bloqueo de sus actividades económicas, debido a los disturbios sociales, lo que contribuyó a una recesión. Durante la pandemia, los elevados costos de producción y la escasez de insumos agrícolas limitaron aún más la capacidad de producción de alimentos, lo que llevó a los hogares rurales a vender sus activos a cambio de alimentos en 2020.
En América Central, los años de malas cosechas provocaron un aumento de los precios de los alimentos, lo cual agotó los ingresos y los ahorros de los hogares. Las medidas restrictivas para frenar la propagación del virus COVID-19, incluyendo el cierre de fronteras y de negocios agravaron aún más las vulnerabilidades preexistentes y precipitaron una importante crisis económica y laboral para la región. La tasa de desempleo se disparó, sobre todo en el sector informal, donde trabajan casi dos tercios de la mano de obra regional.
Perspectivas desalentadoras
Las proyecciones de crecimiento en la región para 2021 son lánguidas en el mejor de los casos. Se espera que la vuelta a los niveles de actividad económica anteriores a la pandemia lleve varios años. Dada la gravedad de la contracción económica regional en 2020 y la lenta recuperación, la GNAFC prevé que las tasas de pobreza y desigualdad sigan siendo elevadas a lo largo 2021, con poco respiro para los hogares con inseguridad alimentaria.
En Haití, el informe sostiene que los precios de los alimentos aumentarán al ritmo de la temporada de escasez, que comenzó en marzo. La migración limitada a la República Dominicana también reducirá probablemente las oportunidades de generación de ingresos para los hogares vulnerables. Se espera que estos factores aumenten la inseguridad alimentaria aguda en 2021, cuando se prevé que alrededor de 4,4 millones de haitianos, que representan el 46% de la población, se encuentren en situación de crisis de marzo a junio de 2021. Esta cifra representa un aumento de seis puntos porcentuales en relación con el pico de 2020.
La destrucción causada por los huracanes Eta e Iota en América Central seguirá teniendo efectos sobre la seguridad alimentaria durante la mayor parte de 2021, y la Red anticipa necesidades de asistencia alimentaria atípicamente altas en Guatemala y Honduras. En el primer caso, se espera que 3,7 millones de personas se encuentren en situación de crisis. Para el período julio-septiembre de 2021, el documento proyecta que alrededor de 3,3 millones de personas en Honduras estarán en crisis, lo que representa alrededor del 35% de la población.
Del mismo modo, más de 1 millón de personas estarán en estado crítico en El Salvador entre junio y agosto, lo que representa un aumento del 53% en las necesidades de asistencia alimentaria desde el pico de 2020. En cuanto a Nicaragua, el informe proyecta que entre 250.000 y 500.000 personas estarán en crisis en el período julio-agosto de 2021.
El caso venezolano
Aunque las estimaciones de inseguridad alimentaria aguda para Venezuela no fueron incluidas en el informe presentado este miércoles debido a la insuficiencia de datos, algunos indicadores sugieren que la dramática crisis alimentaria vivida por el país en 2019 probablemente se agravó en 2020. En 2019, la venezolana fue una de las diez peores crisis alimentarias a nivel mundial, con 9,3 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria de emergencia, lo que representaba el 32% de la población.
Según un informe de seguimiento de la FAO, en agosto de 2020 el 70% de los encuestados no tenía suficientes alimentos para satisfacer las necesidades energéticas o tenía que limitar la diversidad de su dieta, el 32% había agotado las reservas de alimentos y el 11% había pasado al menos 24 horas sin comer.
Venezuela ya estaba al borde del colapso económico antes de la pandemia, una situación que empeoró tras el confinamiento nacional dictado por el COVID-19 desde mediados de marzo hasta el 1 de junio, y los estrictos cierres posteriores en los estados con altas tasas de infección. A lo largo del año pasado, la producción de petróleo se redujo en el marco de las sanciones internacionales y el descenso de los precios internacionales, lo que condujo a una contracción del PIB del 30% interanual.
La escasez de petróleo limitó gravemente la producción de alimentos y el transporte. Durante la pandemia, el 79% de los receptores de remesas vieron caer sus ingresos, ya que la inflación se disparó hasta el 844% entre enero y septiembre de 2020, haciendo que los alimentos y otros artículos de primera necesidad fueran cada vez más inasequibles.
La perspectiva de un agravamiento de la escasez de combustible y de las restricciones a la circulación en 2021 probablemente limitará aún más la distribución de alimentos y el acceso a los mercados de comestibles y contribuirá al aumento de la inflación. El acceso inestable al agua, al saneamiento, a la electricidad y a otros servicios básicos complicará a su vez los esfuerzos para contener la pandemia y prestar asistencia humanitaria a los hogares vulnerables, de acuerdo con la GNAFC.
Por la grave crisis que atraviesa Venezuela desde 2014, casi 5,5 millones de personas han abandonado el país entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, el mayor éxodo migratorio de América Latina en la historia moderna. Las medidas de mitigación de COVID-19 afectaron desproporcionadamente a los refugiados y migrantes en los países de acogida debido a los altos niveles de informalidad laboral. Sin ahorros ni acceso a las redes de seguridad social, los hogares de migrantes vulnerables tuvieron dificultades para costear los alimentos y la vivienda.
A pesar del cierre de las fronteras, entre marzo y diciembre unos 143.000 venezolanos regresaron a sus hogares tras quedarse sin nada en los países a los que habían emigrado. Sin embargo, en septiembre, el flujo de retornados se redujo y se reanudó la migración hacia el exterior a medida que las economías vecinas se recuperaban. Para la Red, es probable que la evolución de la crisis humanitaria en Venezuela siga fomentando el éxodo, lo que supondrá una presión cada vez mayor sobre los países vecinos.
Debido a la pandemia en curso y a las condiciones económicas regionales, alrededor de 5 millones de personas de toda la región afectada por la crisis venezolana necesitarán ayuda alimentaria de emergencia en 2021, anticipó el informe. La estimación representa un aumento del 94% en comparación con las necesidades previstas en 2020, antes de la pandemia, cuando 2,59 millones de personas requerían asistencia.