El martes 13 de febrero, Tarek William Saab compartió un comunicado sobre el caso de la activista Rocío San Miguel y sus cinco familiares, quienes, según las denuncias, son víctimas de desaparición forzada.
El titular del Ministerio Público informó que la noche anterior se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal 2do Contra el Terrorismo para los seis ciudadanos, quienes presuntamente están vinculados a planes de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Durante la audiencia, se dictó prisión preventiva para San Miguel y Alejandro Gonzáles de Canales, expareja de la presidenta de la ONG Control Ciudadano.
A la defensora de derechos humanos se le acusa de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, mientras que a Gonzáles se le investiga por supuestamente revelar secretos políticos y militares relacionados con la seguridad nacional, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Se explicó que a los otros ciudadanos involucrados, Miranda San Miguel (hija de la activista), Miguel Ángel y Alberto San Miguel Sosa (hermanos) y Miguel Ángel Díaz Paruta (padre de Miranda), se les solicitaron medidas cautelares, como presentaciones periódicas ante el tribunal, entre otras.
Saab también denunció una «feroz campaña desde el exterior» en contra del sistema de justicia de Venezuela. Sin embargo, diversas ONG han denunciado que San Miguel fue víctima de desaparición forzada, ya que hasta ahora se desconoce su paradero y estado.
La detención de San Miguel tuvo lugar el pasado viernes cuando se disponía a viajar desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.