El fiscal general Tarek William Saab, desde el Ministerio Público (MP) de Venezuela, ha hecho una denuncia contundente sobre lo que él describe como una «feroz campaña» internacional en contra del sistema de justicia del país. Esta denuncia se produce después de la detención de la reconocida activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, y de cinco personas cercanas a ella, quienes presuntamente están involucradas en una trama conspirativa.
Saab afirma que esta campaña busca socavar las investigaciones y generar impunidad al intentar deslegitimar las acciones de las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo. Según el fiscal, estos esfuerzos provienen de sectores que históricamente han menospreciado las instituciones democráticas y han respaldado intentos de magnicidio y golpes de Estado en Venezuela.
La detención de San Miguel ha generado preocupación a nivel internacional, con organizaciones como la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, así como numerosas ONG locales, manifestando su inquietud y exigiendo al Estado venezolano el respeto de los derechos de la activista.
El fiscal Saab confirma que San Miguel fue presentada ante un tribunal de terrorismo y que se solicitó una medida preventiva de libertad para ella, acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Asimismo, se solicitó la privación de libertad preventiva para Alejandro José González Canales, expareja de la activista, acusado de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
En cuanto a los otros cuatro ciudadanos detenidos, cuyos nombres no se mencionan en el comunicado, se solicitaron medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal. Estas personas son presuntamente familiares de San Miguel y fueron reportadas como «desaparecidos» por la defensa de la activista.
El fiscal insiste en que el Ministerio Público ha actuado dentro de los límites legales y en estricto apego a los derechos humanos y garantías constitucionales. Sin embargo, la defensa de San Miguel ha denunciado su «desaparición forzada» desde el viernes, día de su detención en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y afirma que hasta el momento no ha podido comunicarse con ella ni conocer su lugar de reclusión.